El sistema energético español necesita con urgencia ser más sostenible

En el año 2016 España ha sufrido un claro retroceso en la sostenibilidad, y que además contrasta con los avances del resto de países de la OCDE. Es una de las conclusiones del nuevo Informe del Observatorio de Energía y Sostenibilidad, elaborada por la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y BP España.com. Esto supone que nuestro país ha regresado a "la senda ya desgraciadamente habitual de empeoramiento de los indicadores de sostenibilidad energética".

Los datos no dejan lugar a la duda. Mientras que el consumo de energía primaria global creció un 1,4% entre 2014 y 2015, y en la UE-15 casi igual, 1,5%, en España el incremento fue del 5,7%.

Aún peores son al observar la evolución de la intensidad energética (la relación entre consumo energético y el volumen de la actividad económica). En la media mundial el estudio observa una reducción del 1,8%, en los países de la OCDE hasta un 3,2% y en la UE-15 un ligero 0,6%. Sin embargo, en España este indicador experimentó un incremento superior al 5%. Para el Observatorio, "esta fuerte subida de la intensidad energética en 2015 no hace sino aumentar la brecha existente entre España y el resto de países europeos".

Pero ¿cómo se han producido estas diferencias? Se deben en parte a los cambios en la matriz energética. El carbón, el petróleo y el gas natural aumentaron su participación en un 20%, 6% y 4% respecto a 2014 respectivamente, mientras que la contribución de la energía nuclear y las renovables se mantuvo prácticamente constante.

También se produjo un aumento tanto de las importaciones como de las exportaciones. Las importaciones crecieron un 7,4%, especialmente a causa del carbón (28,1%) y del petróleo (9,4%). De hecho, el peso de las importaciones de carbón sobre el total del consumo de energía primaria pasó del 86% al 91,4%. Ni siquiera llegó a un 9% el carbón nacional que se quemó en 2015.

En el caso del petróleo, ese aumento de importaciones refleja sobre todo una realidad, el aumento del uso del transporte. El informe señala que el avión continúa creciendo (un 6,3%), al igual que el de carretera, y que al ser el sector que más energía consume (más del 22% del consumo total primaria o en torno al 40% de la energía final) y el que más emisiones de CO2 causa (cerca del 23% de las emisiones y más del 51% una vez descontadas las emisiones asociadas a los autoconsumos, pérdidas y exportaciones), se aconseja que este sector sea prioritario en cuanto al diseño de una política energética sostenible.

En definitiva, puede decirse que el sector energético español experimentó en 2015 un deterioro en todos sus indicadores de emisiones. Las emisiones de CO2 asociadas a energía primaria aumentaron un 9,6% respecto al año anterior debido al aumento generalizado del uso de combustibles fósiles. Y por tanto, desde la perspectiva de la sostenibilidad energética, nuestro país ha tenido una evolución "muy negativa".

Respecto a 2016, el profesor e investigador de la UPC, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y el Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), Ignacio Pérez-Arriaga, ha adelantado que "ha sido un año de escasa actividad en política energética por la situación de interinidad de los distintos gobiernos", aunque ha destacado "que se ha conseguido transponer la Directiva de Eficiencia Energética pese a no haberse incluido recomendaciones europeas como los contadores individuales en sistemas comunitarios de calefacción o agua caliente sanitaria, algo que hubiera estimulado el ahorro energético, así como la puesta en marcha del mercado organizado del gas y la regulación de los creadores de mercados voluntarios".

Para Pérez-Arriaga la actividad política durante el año pasado se ha centrado en tres cuestiones: la pobreza energética, el autoconsumo y en menor medida, las subastas de renovables, pero también por la escasa ambición del Gobierno en materia de fiscalidad ambiental. El experto ha recordado que "España es -tras Lituania y Eslovaquia- el tercer país con el porcentaje más bajo de ingresos fiscales provenientes de impuestos medioambientales", y que "todavía subvenciona los combustibles fósiles, el carbón local, los automóviles de empresa y el gasóleo con respecto a la gasolina".

Por otro lado, ha advertido que el fraude eléctrico no ha sido un fenómeno marginal ya que ha costado unos 150 millones de euros a los consumidores y que ese fraude no viene de enganches ilegales de sectores vulnerables de la sociedad (solo un 1%), sino de empresas y particulares de gran consumo.

Por último y como conclusión, Pérez-Arriaga ha vuelto a repetir que se echa de menos planes a largo plazo en el sector energético, que debería ser una política de Estado, consensuada entre los mayores partidos políticos y debatida públicamente. Además, es necesaria una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que sobrepasara los objetivos de 2030 y llegara incluso hasta 2050, y que por eso es bueno formar parte de la Unión Europea, "porque es quien nos proporciona esa visión a largo plazo de la que desafortunadamente nosotros carecemos".