En julio de 2016 Bruselas aprobó un Reglamento que sentaba las bases de las reducciones anuales de las emisiones de gases de efecto invernadero que los Estados miembros debían llevar a cabo de 2021 a 2030, más conocido como Reglamento del Reparto de Esfuerzos, convirtiéndose así en la herramienta más útil para que Europa pueda cumplir con los compromisos del Acuerdo de París.
En él se establecían las obligaciones sobre las contribuciones mínimas de los Estados miembros que oscilaban entre el 0% y el -40%, según el producto interior bruto (PIB) per cápita de cada uno de ellos. En el caso de España, la reducción era del 26% de las emisiones en 2030 respecto a las de 2005. En total, con esta ley se contabilizaba el 60% de las emisiones totales de la UE, y fijaba metas nacionales obligatorias para sectores como el transporte, los edificios, la agricultura y los residuos.
Pero el informe de Carbon Market Watch y Transport & Environment, "EU CLIMATE LEADER BOARD", advierte que "desafortunadamente, muchos países proponen 'flexibilizar' la legislación climática, partiendo de una línea de base engañosa, abusando aún más de los créditos forestales o explotando el gran excedente del ETS de la UE". Son veinticinco de los 28 estados, y entre ellos está España. Es decir, que sólo tres países de Europa van en la dirección correcta para cumplir con el Acuerdo climático de París. Son Suecia, que encabeza la lista, Alemania y Francia. Suecia obtiene la puntuación más alta de todos los países de la UE porque aboga por cerrar ciertas lagunas legales en esta materia y porque planea lograr reducciones de emisiones a nivel nacional mucho más altas que el objetivo del 40% propuesto por la Comisión.
Según el informe, España tiene el propósito (junto a los otros países) de debilitar la propuesta de la Comisión, contrarrestando los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea para cumplir con París.
España comparte el poco honroso puesto número 20 junto a República Checa, Croacia, Italia, Letonia, Lituania y Rumania, porque quiere retrasar el punto de partida de 2020 a 2021, lo que permitiría la liberación de 249 millones de toneladas adicionales de CO2 en el conjunto europeo respecto a la propuesta original de la Comisión. Carbon Market Watch propone mejorar esta posición abogando por un punto de partida que refleje mejor las emisiones reales y asegurando que los países que no cumplan con sus metas de 2020 no sean recompensados por el fracaso.
Además, España no figura entre los nueve países que, en la propuesta de la Comisión, están autorizados a utilizar los derechos de emisión sobre el ETS para cumplir sus objetivos ESR, y aunque apoya a la Comisión Europea en los controles quinquenales de cumplimiento de las cuotas de reducción, el informe le recomienda que abogue por controles anuales de cumplimiento y sanciones financieras.
Otros países, como Eslovaquia, Alemania, Países Bajos y Chipre, que sacan mejor nota, abogan por mejorar la propuesta de la Comisión al respecto.
En definitiva, según el estudio, con el fin de lograr el objetivo europeo a largo plazo de reducir las emisiones en al menos un 80% de aquí a 2050, es necesario un avance continuo para que la transición a una economía descarbonizada se haga realidad. La transición exige cambios en el comportamiento empresarial e inversor e incentivos en todo el espectro político.
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