Francia negocia un frente común contra Bruselas por las sanciones a los fabricantes de automóviles

El Gobierno francés de Emmanuel Macron negocia con varios Estados miembro de la Unión Europea la creación de un frente común contra el Ejecutivo comunitario de la alemana Ursula Von der Leyen para evitar la aplicación de sanciones a los fabricantes de automóviles que incumplan con los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono en 2025.

"Los fabricantes comprometidos con la electrificación de los vehículos no deberían tener que pagar multas", ha asegurado el ministro de Economía, Antoine Armand, en las últimas horas en una entrevista con el diario Les Echos recogida por Europa Press.

Desde 2019, el reglamento europeo bautizado como 'CAFE' prevé una trayectoria de reducción de las emisiones de dióxido de carbono de los coches vendidos en los diferentes mercados comunitarios que conducirá a la prohibición de facto en 2035 de las nuevas matriculaciones de coches de combustión.

Las sanciones a los fabricantes

De aquí a unos meses, en enero de 2025, Bruselas ya ha anunciado que empezará a aplicar esta normativa, lo que en la práctica requerirá una reducción de las emisiones del 15% respecto a los niveles previos a 2020, lo que supone tener que vender en apenas ocho semanas un coche eléctrico por cada cuatro térmicos.

Las proyecciones varían en cuanto al montante total de las sanciones que tendrían que terminar pagando los fabricantes que no cumplan con estas cuotas de ventas. La industria calcula que estaría entre los 10.000 y los 16.000 millones de euros.

Sin embargo, fuentes del mercado aseguran a Europa Press que en su escenario central, el impacto potencial podría limitarse a los 5.100 millones de euros.

"Francia quiere que la Comisión Europea proponga una solución específica para que los actores verdaderamente comprometidos con la transición hacia el coche eléctrico no tengan que pagar una multa hasta después 2025, sin cuestionar la trayectoria de descarbonización de la movilidad", admiten desde el Ejecutivo galo. En todo caso, admiten que su intención es discutir la aplicación de sanciones, pero no reabrir el debate sobre el reglamento europeo.

Europa del Este, Francia e Italia

Para lograr este objetivo, París pretende reunir una coalición de capitales en torno a su causa. El ministro de Economía francés está de viaje oficial durante este lunes y el próximo martes en Bruselas para asistir a las reuniones del Eurogrupo y del Ecofin. Por su parte, Marc Ferracci, el ministro delegado de Industria, está en Berlín para intentar convencer al Gobierno germano y la industria automovilística del país, la más fuerte de toda Europa.

En este contexto, se antoja previsible el apoyo de los países de Europa del Este a la iniciativa francesa. Rumanía, por ejemplo, bastión de Dacia (grupo Renault), sin coches eléctricos de batería en su catálogo, salvo el Spring importado de China, considera que la hoja de electrificación europea es demasiado agresiva.

A principios de septiembre, Italia pidió a Bruselas una revisión exhaustiva de la normativa ante el temor de que la medida pueda provocar el "colapso" de la industria automovilística comunitaria.

"Europa necesita una visión pragmática, la visión ideológica ha fracasado. Tenemos que reconocerlo", llegó a comentar el ministro de italiano de Industria, Adolfo Urso.

Además, en las últimas horas, República Checa ha dicho que se unirá a la petición de estos países. "[Los fabricantes] no lo consiguen porque el interés por los coches eléctricos ha disminuido en toda la Unión Europea", ha señalado este lunes el ministro de Transportes de este país, Martin Kupka.

Las ventas de vehículos eléctricos han caído un 2,6% en toda Europa este año hasta septiembre, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (Acea), arrastradas por la reducción de los subsidios en los principales mercados como Alemania.