Galicia, históricamente una de las principales áreas de desarrollo eólico en España, ha pasado a convertirse en una región de alto riesgo para la inversión en esta tecnología. Así lo ha expresado Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), a El Periódico de la Energía.
Según Márquez, los nuevos requisitos y trabas que se quieren imponer en el plan sectorial eólico de la Xunta de Galicia, junto con la judicialización de proyectos, han puesto en jaque la inversión en un sector estratégico para la transición energética y la sostenibilidad.
El principal escollo proviene de la judicialización de una gran parte de los proyectos eólicos en Galicia. De acuerdo con la AEE, cerca de 2.000 megavatios se encuentran bloqueados debido a una cuestión prejudicial elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Esta situación ha llevado a la suspensión de varios proyectos en la región, muchos de los cuales ya contaban con los permisos necesarios para su construcción.
Mientras se espera la resolución del TJUE, prevista para finales de 2025, la inversión en nuevos proyectos se encuentra en suspenso, lo que incrementa la preocupación en la industria y frena el desarrollo de la capacidad renovable de Galicia.
Repotenciación
Además de estos problemas legales, una reciente propuesta de ley de la Xunta de Galicia ha generado una enorme polémica en el sector eólico. Este texto busca obligar a todos los promotores eólicos que operen parques con más de 20 o 25 años de antigüedad a repotenciar sus instalaciones, es decir, a sustituir las turbinas actuales por modelos más modernos y potentes.
Aunque la repotenciación puede ser una estrategia común en la industria, el borrador plantea un plazo máximo de 18 meses para que los promotores adapten sus parques, lo cual, según Márquez, es un mandato "contrario al derecho comunitario y la Constitución española". La AEE critica que esta medida, que se impondría sin ninguna valoración del estado técnico o productivo de los parques, amenaza con desmantelar instalaciones que operan con normalidad y cumplen con los estándares de seguridad, simplemente debido a su "antigüedad".
50% de la energía
Otra de las medidas que la Xunta quiere promover, según la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y que ha generado incluso aún más rechazo en el sector, es la exigencia a los promotores eólicos de vender un mínimo del 50% de la energía producida en sus parques a pequeñas y medianas empresas gallegas. De acuerdo con la AEE, esta obligación vulnera la normativa europea de libre mercado y competencia, ya que los promotores no deberían estar limitados en su elección de compradores. La imposición de esta medida afectaría gravemente a los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) que ya han sido firmados, y que son fundamentales para la financiación de los proyectos.
Los contratos a largo plazo, también conocidos como PPA por sus siglás en inglés, que suelen formalizarse con grandes empresas que tienen capacidad de garantizar el suministro a largo plazo, se verían comprometidos si los promotores están obligados a destinar el 50% de la energía a pymes que, en su mayoría, no cuentan con los mismos niveles de garantía financiera. Esto, a su vez, podría reducir la confianza de los inversores en la seguridad jurídica de la región y hacer que los promotores prefieran otras ubicaciones en España o Europa para sus proyectos de energía renovable.
Sanciones y marco estable
Asimismo, el impacto de esta ley no se limitaría al sector eólico, sino que tendría repercusiones significativas para toda la economía gallega. Desde la AEE alertan que, en caso de aprobarse el proyecto de ley en su estado actual, podría suponer un retroceso para la región. Además, el incumplimiento de las normativas de competencia de la Unión Europea podría llevar a sanciones económicas para España, lo cual agravaría el problema y afectaría tanto a Galicia como al resto del país.
La preocupación por la situación en Galicia ha crecido dentro del sector, y la AEE ha pedido a la Xunta que reconsidere estas propuestas y busque una vía de diálogo con los promotores eólicos para garantizar un marco estable y seguro para la inversión. “Galicia necesita seguridad jurídica y estabilidad para seguir siendo un referente en energía renovable en España”, apuntó Márquez. Desde la AEE creen que imponer restricciones tan severas y sin consenso en el sector tendrá efectos devastadores para los proyectos en curso y también para aquellos futuros, lo cual no solo afectaría al sector eólico, sino a la economía regional en su conjunto.
Asimov
08/11/2024