El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, asegura que la nuclear atraviesa un momento financiero complicado por la cantidad de impuestos que "asfixian" el sector, y define como un "varapalo" para la economía del país un hipotético cierre de las centrales.
En una entrevista con EFE, por su recién nombramiento como presidente de la patronal del sector, Araluce detalla, que el cierre de las centrales ocasionaría un enorme problema debido a que más de 27.000 personas de toda España dependen, de alguna manera u otra, de esta energía.
"Si la generación nuclear, una importantísima pata, no fuera fuente de negocio para esta industria, el futuro no sería nada halagüeño".
Araluce (San Sebastián 1955), experto en física nuclear, recalca que en los últimos años los tributos se han "comido" todos los márgenes del sector y por eso respalda una reducción de la presión fiscal que alivie y mejore el negocio.
A su juicio, esta situación debería definirse debido a que muchos de los operadores de plantas, y dependiendo de su situación financiera, podrían argumentar inviabilidad económica.
Según datos del Foro Nuclear, los impuestos que las centrales soportan son tasas sobre el valor de la producción eléctrica, la generación de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, tributos autonómicos y locales y tasas a Enresa (empresa pública que gestiona sus desechos)y al Consejo Seguridad Nuclear (CSN).
Sobre una futura descarbonización de la economía española, el físico "apoya y defiende" que la nuclear y las renovables deben coexistir e incluso aboga por un ritmo mayor de implantación de estas últimas.
Para Araluce, independientemente de la continuidad de las centrales nucleares, solo por los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París y los acuerdos Clima de la Unión Europea para reducir las emisiones de CO2, España debería duplicar la potencia de renovables para 2030.
En la actualidad, la potencia instalada en España es de 30 gigavatios de energía renovable más la hidráulica, por lo que el ritmo de implantación debería estar entre unos 3/4 gigavatios al año, siempre y cuando la nuclear siguiera funcionando.
"De no ser así, habría que triplicar la potencia instalada", insiste este experto, quien ostentó el cargo de director de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) durante 14 años.
Otro tema en la agenda nuclear española es la central de Santa María de Garoña (Burgos), en situación de parada segura desde diciembre de 2012, y de la que se muestra "totalmente favorable" a su reapertura.
"Desde un punto de vista técnico Garoña podría funcionar perfectamente y de hecho así lo corrobora el CSN, porque aunque es una planta con muchos años, mantiene una salud fantástica".
Araluce recuerda que el problema radica en que Iberdrola y Endesa, copropietarias al 50 % de la central, discrepan sobre su futuro, y así, mientras la primera opta por no reabrirla aduciendo su inviabilidad económica, Endesa prefiere esperar a que el Gobierno se pronuncie.
Garoña puede seguir funcionando "maravillosamente" y afirma que el alargamiento de las licencias de las centrales por encima de los 40, 50 e incluso los 60 años no es algo nuevo en la industria atómica mundial.
Otro asunto importante es el debate nuclear político que existe, especialmente desde partidos de la izquierda, y en este punto señala que "nadie habla ya de un cierre inmediato de las centrales" sino de un cierre escalonado de las mismas.
"La clave está ahora en discernir si ese cierre escalonado se encuentra en una pendiente rápida o lenta".
Sobre la gestión de residuos radiactivos y la futura construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), manifiesta su apoyo total a dicha instalación: es la solución "más factible y la que ha proporcionado el Gobierno, no las plantas nucleares ni las compañías eléctricas".
El ATC, que debía estar operativo hace ya varios años y aún se encuentra pendiente de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de Medio Ambiente, "se construirá -asevera- no puedo adivinar con exactitud la fecha, pero se ejecutará".
Afirma comprender el rechazo de la sociedad a este tipo de emplazamiento, "es lógico" que nadie quiera tener un ATC cerca de su casa y señala, como aspecto positivo, que la instalación dejará dinero en la zona debido a que cualquier industria genera puestos de trabajo directos e inducidos que mejoran la economía local.
Entrevista de la agencia EFE.
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