La CE aprueba 63.000 millones en ayudas públicas francesas para energía eólica marina

La Comisión Europea (CE) ha dado luz verde para que Francia conceda hasta 63.000 millones de euros en ayudas estatales para la construcción y operación de once parques eólicos marinos en el Mediterráneo, el Atlántico y el Mar del Norte durante los próximos veinticinco años.

Bruselas ha aprobado la medida francesa bajo el nuevo Marco de Ayudas de Estado del Pacto de Industria Limpia, adoptado en 2025, tras concluir que es "necesaria, apropiada y proporcionada para acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones y para facilitar el desarrollo de ciertas actividades económicas importantes para la implementación del Pacto", informó la institución en un comunicado.

Francia espera que los once parques eólicos que recibirán apoyo permitirán generar hasta 47,8 teravatios/hora en energía renovable al año, el equivalente al 10,6% de todo el consumo eléctrico anual del país.

Las ayudas se adjudicarán mediante un procedimiento de licitación "transparente y no discriminatorio" y se entregarán en forma de primas en el marco de contratos por diferencia, en los que se fijará un precio de referencia para la energía producida.

Cuando el precio de mercado esté por debajo del de referencia, los beneficiarios recibirán una prima equivalente a la diferencia entre ambos, mientras que cuando esté por encima, las empresas tendrán que pagar la diferencia a las autoridades francesas, según explicó el Ejecutivo comunitario.

La eólica marina en Francia

Para la institución, este esquema cumple con las condiciones establecidas en el Marco de Ayudas de Estado del Pacto por la Industria Limpia puesto que el apoyo se concederá a través de licitaciones competitivas y se han incluido salvaguardas para asegurar que el mercado funciona correctamente y no se compensa a los productores cuando los precios de mercado son negativos.

Bruselas ha dado así luz verde a la medida atendiendo a estas nuevas normas, que estarán en vigor hasta 2030 y facilitan a los Gobiernos conceder ayudas públicas para acelerar la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono.

Estas pueden destinarse a iniciativas que aceleren el despliegue de las energías renovables, compensen por el precio de la electricidad a los grandes consumidores industriales, apoyen la descarbonización de la industria o promuevan la producción de tecnologías limpias, entre otras.