La Comunidad de Madrid ha liderado un proyecto europeo para comprobar el funcionamiento de los contadores domiciliarios de energía eléctrica y térmica, que ha logrado la retirada de dos modelos térmicos con graves deficiencias.
Se trata del proyecto MarketSurv MID, en el que han participado 12 países europeos y cuyo objetivo ha sido comprobar el correcto funcionamiento de los medidores del consumo energético que se utilizan en el ámbito domiciliario.
Tras recoger muestras de 40 tipos distintos de contadores de energía de 26 fabricantes diferentes, se ha concluido que todos los contadores de energía eléctrica superaron los ensayos de funcionamiento, si bien se detectaron algunos problemas documentales y administrativos que los fabricantes solucionaron enseguida.
Sin embargo, los contadores de energía térmica presentaron más problemas de funcionamiento, por lo que las autoridades de vigilancia del mercado han tenido que tomar medidas coercitivas, llegando incluso a retirar del mercado dos modelos de los 18 examinados.
Los fabricantes de los contadores térmicos retirados ya los han sustituido por otros distintos, explica la Comunidad en una nota de prensa.
El proyecto ha logrado cumplir los objetivos, ya que se han mejorado los sistemas de control de mercado europeos que garantizan la comercialización exclusiva de contadores reglamentarios.
Asimismo, ha permitido mejorar la coordinación y la comunicación entre las autoridades de vigilancia de los países europeos y garantizar unas reglas de juego uniformes para los fabricantes de instrumentos de medida que venden sus productos en la UE.
También se ha armonizado la interpretación de las disposiciones europeas aplicables por las autoridades europeas, además de "lanzar un mensaje claro a fabricantes, distribuidores y usuarios de que el mercado europeo de este tipo de productos está siendo vigilado".
El proyecto se ha desarrollado entre septiembre de 2014 y abril de este año y en él han trabajado 43 expertos europeos.
Ha tenido un presupuesto cercano a los 500.000 euros, de los cuales el 70% ha sido aportado por la Comisión Europea y el 30% por los países participantes.
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