Los eurodiputados de la misión del Parlamento Europeo a la central nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero han recomendado dar marcha atrás en el plan de cerrar la planta y advirtieron de los riesgos demográficos y económicos de cierres industriales en las regiones europeas con menor desarrollo económico, como es el caso de Extremadura.
Se trata del borrador inicial del informe de esta misión, que se presentará por primera vez este miércoles ante el resto de miembros de la comisión de Peticiones de la Eurocámara y que podrá aún recibir enmiendas antes de ser aprobado, si bien no tiene carácter vinculante.
En las recomendaciones, los eurodiputados piden "que se revierta el cierre de la central de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red" y requieren al Gobierno español "una evaluación de impacto transparente", así como que mantenga "un diálogo eficaz" con todas las partes involucradas sobre decisiones sobre "grandes infraestructuras energéticas que tengan importantes consecuencias socioeconómicas a nivel regional", como es el caso de Almaraz.
Los eurodiputados apuntan a que la taxonomía verde de la Unión Europea reconoce a la energía nuclear como una actividad "de transición" para mitigar los efectos del cambio climático y advierten de que cualquier cierre industrial en una región como Extremadura conlleva "riesgos demográficos y económicos".
"Cualquier transición (debe ir) acompañada de una sólida diversificación económica y de oportunidades de empleo a nivel local", apuntan.
La visita de los eurodiputados responde a la petición elevada en mayo de 2025 por la plataforma 'Sí a Almaraz', en la que instó al Parlamento Europeo a conocer 'in situ' la central y abordar el impacto económico, energético y social que tendría el cierre de la planta.
El calendario pactado en 2019 por el Gobierno español, sindicatos y empresas establece que el 1 de noviembre de 2027 tendría que dejar de funcionar un primer reactor de Almaraz, mientras que el segundo tendría que cerrar el 31 de octubre de 2028.
No obstante, el pasado octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy -las empresas propietarias de la central- solicitaron formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga para los dos reactores hasta junio de 2030, lo que genera el rechazo de grupos ecologistas como Greenpeace.
Julio
15/04/2026