La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación en relación con la denuncia presentada el pasado 9 de junio por la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, con el respaldo de más de 2.000 ciudadanos, por supuestas irregularidades en la tramitación de la Orden Ministerial IET/1045/2014, del 16 de junio, que instauró el denominado “hachazo” a las renovables.
Por medio de esa denuncia, ambas organizaciones instaron a la Fiscalía a realizar una investigación para esclarecer si había habido prevaricación en el comportamiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), en especial de la Secretaría de Estado de Energía, representado en la figura de Alberto Nadal, ante la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden citada, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables, cogeneración y residuos, y que supuso un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales.
La denuncia se llevó inicialmente a la Fiscalía Anticorrupción, pero esta decidió traspasar el caso a la Fiscalía de Madrid. Los denunciantes llevaron a cabo esta denuncia tras conocerse el escándalo de los famosos informes de las consultoras.
Boston Consulting Group y Roland Berger fueron las agraciadas con un suculento contrato de casi 600.000 euros para realizar cada una informe que avalara el recorte a las renovables. Al final, Boston Consulting Group no hizo el trabajo, el Ministerio consiguió finiquitar el contrato, y Roland Berger, hizo tres borradores de informe hasta que definitivamente presentó uno cuatro meses después de que se aprobara el hachazo a través de la orden.
Según varios documentos, Industria habría presionado a ambas firmas para que hicieran el informe a la carta, tal y como deseaban en el Ministerio. Esto es lo que llevó a las denunciantes a actuar en contra de la figura de Alberto Nadal, siendo una de las dos denuncias interpuestas contra el secretario de Estado.
Finalmente el departamento que dirige José Manuel Soria no contó con sus informes a la hora de redactar la normativa.
Ahora la Fiscalía justifica la no disposición de los informes en el momento de aprobación de la normativa en que en realidad "su verdadera función era la asistencia técnica en procedimientos judiciales y/o arbitrales en los que sea parte la Administración General del Estado".
“Pese a la decepción que ha supuesto el archivo de la denuncia, creemos que las diligencias de investigación realizadas por la Fiscalía demuestran la solidez de los argumentos expuestos en nuestra denuncia y han permitido arrojar algo de luz sobre la tramitación oscurantista realizada por el MINETUR sobre esta importante normativa”, ha manifestado Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación Renovables.
Para la Fundación resulta destacable que las diligencias de investigación de la Fiscalía hayan demostrado claramente que existieron disconformidades técnicas del IDAE (el “instituto instrumental del MINETUR”, como lo define la Fiscalía) respecto a los documentos de trabajo emitidos por las consultoras en su inicio.
“Queda demostrado que las valoraciones del IDAE, como se reconoce en el texto de la Fiscalía, no coincidían con las de los informes técnicos pedidos a las consultoras. Sin embargo, esas valoraciones del IDAE son la base con la que el MINETUR cambia drásticamente un régimen retributivo que había conseguido previamente un extenso reconocimiento internacional como ‘buena práctica`”, ha añadido Jiménez Beltrán.
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