La Fiscalía brasileña ha recomendado al Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) que no renueve la licencia ambiental de la única mina de uranio del país, en operación desde 1999, hasta que la empresa responsable consulte debidamente a las comunidades potencialmente afectadas por la actividad.
La recomendación del Ministerio Público Federal no implica el cierre definitivo de las operaciones, sino una suspensión condicionada al cumplimiento de la exigencia de consulta previa a poblaciones impactadas por el proyecto, en línea con normas nacionales e internacionales.
Según el Ministerio Público, al menos 14 comunidades de descendientes de esclavos prófugos están localizadas en un radio de hasta 20 kilómetros de la mina y nunca fueron consultadas sobre el proyecto, como lo exige la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en vigor en Brasil desde 2004.
De acuerdo con la Fiscalía, la norma de la OIT exige que pueblos tradicionales sean consultados siempre que medidas administrativas, como la licencia ambiental para grandes proyectos, puedan afectar directamente sus territorios y modos de vida.
El uranio de Brasil
La unidad de extracción de uranio de Caetité, municipio del estado de Bahía (nordeste), es operada por la estatal Industrias Nucleares do Brasil y constituye el primer eslabón del ciclo nacional del combustible nuclear.
Brasil realiza en la instalación de Caetité las fases iniciales de minería y beneficiamiento del mineral, de las que resulta el llamado concentrado de uranio, conocido como yellowcake.





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