El RD que catalogaba qué actividades son esenciales para la lucha contra la COVID-19 ha dejado en fuera de juego a buena parte de la gran industria electrointensiva de España. Eso ha creado cierto estado de alarma, más del que ha impuesto el Gobierno en todo el territorio, porque se ve en la obligación de parar sus fábricas, algo que no esperaban.
Las negociaciones entre el Ministerio de Industria y las distintas empresas electrointensivas no se hizo esperar desde primera hora de la mañana los teléfonos del Ministerio ardían. Todos querían saber qué es de lo nuestro.
Y de momento, y a la espera de que este martes se pronuncie el Consejo de Ministros con alguna medida excepcional, la gran industria electrointensiva tiene que apagar sus fábricas con lo que ello conlleva.
Por ejemplo, la siderúrgica no puede hacerlo solo en 24 horas, y no es la única, otras también necesitan más tiempo. Por otro lado, apagar una fábrica conlleva altos costes, sobre todo si luego se quiere volver a poner en marcha para una parálisis de unos 10 días como reza el RD.
Es por ello que muchas empresas pidieron a Industria mayor transparencia y aclaraciones al respecto para saber cómo actuar, y de momento, se oyeron las quejas pero poca aclaración al respecto.
Ya este lunes se ha notado como muchas plantas industriales han decidido parar. La demanda eléctrica se ha desplomado, un 25% desde que se inició la crisis hace algo más de dos semanas. Hoy y los próximos días irá a más esta caída de la demanda.
La paralización de las fábricas supone un altísimo coste para esas empresas, que en muchos casos, se ven en la obligación de mirar para otro lado, y seguir produciendo como si nada. En otros casos, han preferido el cierre temporal. El caso es que nadie las tiene todas consigo si está actuando bien o no.
Por ejemplo, Alcoa ha decidido mantener la producción a la espera de conseguir una respuesta por parte del Gobierno para que la considere esencial. Toda la industria pelea por eso mismo, por ese reconocimiento que sí estaba en el borrador de la nueva norma y que a última hora se quedó fuera ante la perplejidad de todos.
Desde Unesid le han solicitado al Gobierno que les aclare mejor cómo proceder ya que necesitan más tiempo para apagar los hornos. Y así un gran número de compañías del sector industrial que esperan este martes alguna aclaración por parte del Gobierno.
Cabe la posibilidad de que algunas de estas industrias decidan no volver a abrir porque les hace perder demasiado dinero reengancharse a la actividad. ¿Se puede arriesgar el Gobierno a ello?
Por otro lado, muchas de estas empresas tienen un as guardado en la manga, que es aplicar la reducción de potencia eléctrica contratada de forma masiva si finalmente cierran las plantas. Eso implicaría un buen desajuste en el sistema eléctrico español, ya no solo técnico, sino también económico.
Si la caída de la demanda de estas dos semanas ya va a conseguir de por sí que se genere déficit eléctrico, si a ello se le suma una masiva reducción de potencia por parte de estas fábricas, que consumen aproximadamente un tercio de la demanda eléctrica del país, se produciría un caos sin precedentes.
Y eso es lo que se quiere evitar. Hay la sensación entre las empresas del sector industrial que el Gobierno ha actuado sin pensar muy bien las consecuencias que puede acarrear una medida como la alcanzada este domingo. Ya no solo para el tejido industrial español y el empleo, sino también para el sistema eléctrico que sostiene la actividad económica del país.
Miguel
31/03/2020