El Tribunal de Justicia de Maine (EEUU) ha anulado el referéndum que mantenía bloqueado el proyecto de conexión de energía limpia New England Clean Energy Connect (NECEC) que Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, está desarrollando en el país norteamericano.
Según ha explicado la compañía, la resolución judicial interpreta como "institucional" el referéndum que impulsó el pasado mes de noviembre la compañía estadounidense NextEra junto con otras compañías de combustibles fósiles.
Avangrid ha celebrado en un comunicado la decisión, que califica como "una victoria para la expansión de la energía limpia, el desarrollo de la transmisión y los esfuerzos de descarbonización en Maine, Nueva Inglaterra, y en todo el país".
El proyecto hidroeléctrico de Iberdrola
La compañía había obtenido a principios de 2021 todos los permisos necesarios para un proyecto que prevé la construcción de una nueva línea de transmisión entre Maine y Quebec (Canadá), con una capacidad de transmisión de 1.200 megavatios (MW) de energía hidroeléctrica.
La infraestructura, que comprende una inversión de 950 millones de dólares (820 millones de euros al cambio en el momento de la aprobación), será capaz de satisfacer la demanda de 1,2 millones de hogares cuando entre en funcionamiento en 2023.
Tras recibir los permisos, la compañía inició las obras de construcción, que continuó avanzando progresivamente durante los meses posteriores.
Sin embargo, en noviembre de 2021, NextEra y otras compañías de combustibles fósiles lograron celebrar un referéndum entre los ciudadanos de Maine para decidir si el proyecto debía seguir adelante.
Tras obtener el rechazo de la ciudadanía, la compañía denunció ante los tribunales la ilegalidad del referéndum al cambiar retroactivamente la normativa y violar los derechos adquiridos, no respetar el principio de separación de poderes y cancelar un contrato de arrendamiento de 25 años entre NECEC y el estado de Maine.
El papel de Avangrid
La resolución del tribunal estadounidense da la razón a Avangrid, siempre que pueda demostrar que había avanzado en las obras y, por lo tanto, establecido suficientes derechos adquiridos antes de que se celebrara el referéndum estatal.
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