El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado un auto por el que rechaza la petición de Equo de demoler la planta regasificadora de El Musel, que fue paralizada por orden judicial tras una inversión de unos 360 millones de euros por vulnerar su construcción la normativa vigente entonces.
El auto considera que la sentencia de 2013, que posteriormente fue ratificada en marzo de 2016 por el Tribunal Supremo, ya está "ejecutada en su totalidad" con "la mera declaración de nulidad" de la autorización, "sin necesidad de demolición".
El TSJM tampoco considera objeto de este procedimiento ni la devolución a Enagás de las retribuciones que haya podido percibir por el mantenimiento de la planta durante su "hibernación", después de que Equo pidiera que la empresa devolviera casi 120 millones, ni la concesión de una nueva autorización tras la derogación de la normativa de aquel entonces.
El auto, contra el que cabe recurso de reposición, alude además a la "posible convalidación" de la autorización anulada, ya que la causa de anulación fue derogada hace casi una década, "siendo, a día de hoy, plenamente compatible con el marco legal aplicable".
La autorización de la construcción de la planta se produjo por el incumplimiento de la normativa que en aquel entonces prohibía este tipo de instalaciones a menos de 2.000 metros de zonas habitadas.
El TSJM considera ahora que el fallo fue plenamente ejecutado y rechaza la petición de demolición realizada por EQUO, que ha informado que está valorando la posibilidad de recurrir el auto.
El abogado de Equo José Antonio Ballesteros ha defendido que "si una construcción no es legal debe demolerse" y que "si alguien se ha beneficiado de algún tipo de financiación en la construcción de algo que deviene ilegal no puede beneficiarse en modo alguno de ello".
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se comprometió el pasado mes de enero con el Gobierno del Principado a buscar vías para la regularización administrativa de la situación de la regasificadora de Gijón, ya sea a través de un acuerdo del Consejo de Ministros, como ya se hizo con la instalación de A Coruña, o con "alguna otra fórmula".
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