El próximo lunes, 24 de abril, se reúne para votación y fallo el tribunal que resolverá el recurso de apelación presentado por Unión Minera del Norte S.A. (UMINSA) contra la ejecución provisional llevada a cabo por HUNOSA en relación con el crédito concursal derivado del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC).
Dicha ejecución ha supuesto ya el embargo de las ayudas de 2016,la petición de saldos a las compañías eléctricas a las que UMINSA venía suministrando y la inscripción provisional de embargos sobre la maquinaria y vehículos de la compañía, cuya incautación definitiva está pendiente precisamente de este recurso.
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo desestimó en enero la petición de UMINSA de no ejecutar la sentencia que condena a la compañía del empresario Victorino Alonso a pagar a Hunosa 36,4 millones por la desaparición de cientos de miles de toneladas de carbón.
El Juzgado, que el pasado mes de noviembre ya dictó un decreto de embargo contra UMINSA, desestima la petición de la empresa de paralizar la ejecución de la sentencia que le condenaba a pagar a Hunosa 28 millones de euros, un importe que se verá incrementado en otros 8,4 millones en concepto de intereses y costas.
La Audiencia Provincial de Oviedo confirmó el pasado mes de mayo una sentencia de este mismo Juzgado que condenó a UMINSA y a Coto Minero Cantábrico (CMC), esta última en liquidación, a pagar a Hunosa 28 y 18,6 millones de euros, respectivamente, por la desaparición de 577.924 toneladas de carbón.
UMINSA y CMC fueron condenadas tras la demanda interpuesta por la hullera pública por la desaparición del carbón, propiedad de Hunosa, que se encontraban en las instalaciones del Grupo Victorino Alonso dentro del denominado Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC).
El AETC fue una iniciativa adoptada en 2009 del Gobierno central por la que se encomendaba a Hunosa a comprar carbón a las compañías privadas, almacenarlo y venderlo posteriormente a las térmicas.
El fallo apuntaba que el carbón desaparecido "bien fue utilizado o vendido por las mineras", de manera que "incumplieron con las obligaciones de guarda y custodia del depósito, así como con la prohibición de uso del carbón adquirido y depositado por Hunosa".
Actualmente UMINSA tiene todos sus centros de trabajo paralizados y con la práctica totalidad de la plantilla inmersa en un ERTE suspensivo aprobado para 2017, además de otro extintivo en tramitación, cuyo objetivo es dar cobertura a los trabajadores ante el devenir cada vez más incierto que atraviesa la compañía.
El Comité de empresa de UMINSA señala por medio de un comunicado que no comprendemos que -con los esfuerzos que hubo que hacer desde el año 2013 para sacar adelante un convenio que evitase la desaparición de la empresa- "ahora HUNOSA pase por delante de todos los demás acreedores y se lleve por delante un concurso que se venía cumpliendo en todos sus extremos desde que se aprobó a finales de 2013, para finalmente cobrar su deuda al provocar la liquidación de UMINSA.
"También esta semana esperamos que de una vez concluya la tramitación administrativa de los arrendamientos de determinadas concesiones mineras presentados por PROSIMET, con quien UMINSA ha firmado contratos que le permitirán retomar la actividad y continuar con su convenio", añade el Comité.
Agrega que tampoco en este caso se entiende que un procedimiento reglado que en Asturias se resolvió en unos pocos días se esté demorando tanto en Castilla y León poniendo en peligro los empleos e impidiendo que se reanuden las ventas a las centrales térmicas, una de cuyas premisas era que se resolviesen estos expedientes tal y como se informó a la representación de los trabajadores por parte de ENDESA.
"Hacemos un llamamiento a los tribunales y a las administraciones que deben intervenir en estos asuntos para que tengan en cuenta que detrás de sus decisiones hay 200 empleos directos y unos 600 indirectos que están en juego y por tanto 800 familias cuyos problemas parece que a nadie le importan a la hora de valorar las decisiones que deben tomar", subraya.
En el mes de mayo se conocerán estas decisiones, de las que depende que se retome la actividad en unas minas que, según los sindicatos, "habían logrado ya ser competitivas de cara al escenario que se avecina a partir del 2018, o por el contrario se pierda todo el esfuerzo realizado y se condene definitivamente a las comarcas mineras afectadas".
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