Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han alcanzado un acuerdo para combatir el denominado 'ecopostureo' en los productos financieros --una práctica por la que las entidades presentan sus inversiones como más respetuosas con el medioambiente de lo que realmente son--, mediante nuevas exigencias que permitirán identificar qué fondos cumplen los criterios de sostenibilidad y cuáles no.
En concreto, la reforma establecerá tres categorías de productos financieros en función de sus objetivos ambientales y sociales, y exigirá que destinen al menos el 70% de sus inversiones a cumplirlos, además de reservar el uso de referencias a la sostenibilidad en sus nombres y materiales publicitarios a aquellos que reúnan los requisitos establecidos.
De este modo, las nuevas normas distinguirán entre productos "sostenibles", que contribuyen a objetivos ambientales o sociales, productos "de transición", destinados a financiar empresas o proyectos que todavía no son sostenibles, pero avanzan hacia ese objetivo, y una categoría básica, denominada ESG, para aquellos que incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza sin alcanzar las exigencias de las otras dos.
La clasificación también obligará a excluir inversiones en determinadas industrias y actividades perjudiciales, con el objetivo, según explica el Consejo, de evitar que las empresas ofrezcan una "falsa impresión de sus impactos o beneficios medioambientales" y facilitar que los ciudadanos puedan conocer las características de los productos en los que invierten.
El ecopostureo
No obstante, el acuerdo contempla excepciones para determinadas inversiones en compañías vinculadas a los combustibles fósiles, que podrán incluirse en la categoría de transición siempre que cuenten con un plan de reducción de emisiones con plazos definidos, alineado con el Acuerdo de París, y destinen al menos el 20% de sus gastos de capital a actividades consideradas sostenibles por la clasificación europea, aumentando progresivamente esa proporción.
Asimismo, las entidades que comercialicen productos sostenibles o de transición deberán identificar y comunicar los principales efectos negativos de sus inversiones sobre el medioambiente y la sociedad, mediante indicadores comunes que permitan evaluar cuestiones como las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto sobre la biodiversidad o las condiciones laborales.









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