La UE vinculará la reforma del comercio de emisiones a las inversiones en la industria nacional

La Comisión Europea tiene previsto exigir inversiones en industrias nacionales como parte de sus próximas propuestas para reformar el principal Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EU ETS, por sus siglas en inglés).

La reforma deberá garantizar que las empresas que ya han invertido en descarbonización sean recompensadas y que las muchas otras que aún están rezagadas reciban una protección adecuada, declaró al diario económico Handelsblatt, el comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra. “Esto significa flexibilidad, pero está sujeta a condiciones y requiere que las inversiones se realicen aquí, en Europa”, afirmó.

Incentivar la reducción de emisiones

La UE ha establecido un precio para las emisiones de CO₂ con el fin de incentivar a las empresas a invertir en la reducción de emisiones. Sin embargo, el sistema debe someterse a una revisión obligatoria y se enfrenta cada vez a más presiones, ya que numerosas empresas y asociaciones industriales reclaman modificaciones que debilitarían las normas, a menudo bajo el argumento de hacer el sistema «más flexible».

Entre los principales puntos de debate se encuentran la posibilidad de ampliar la duración del sistema durante varios años para dar más tiempo a la industria para descarbonizarse, así como cambios en la eliminación gradual prevista de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión para las industrias intensivas en energía que compiten en mercados internacionales.

Según las normas actuales, el límite máximo de emisiones está previsto que alcance cero alrededor de 2039, lo que significa que a partir de entonces no se emitirán nuevos derechos de emisión y solo permanecerán en el mercado los que no hayan sido utilizados. La industria debe entregar un permiso por cada tonelada de CO₂ emitida y, aunque la mayoría de estos derechos se subastan, una parte se asigna gratuitamente a industrias expuestas a la competencia internacional de empresas que no están sujetas a las normas europeas. El objetivo es evitar que las empresas trasladen su producción fuera de la UE hacia países con políticas climáticas menos estrictas para eludir los elevados costes del carbono.

Flexibilización condicionada

El investigador en políticas climáticas Michael Pahle, director del grupo de trabajo sobre política climática y energética del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), ha defendido anteriormente que cualquier flexibilización para la industria esté condicionada a compromisos de descarbonización. Por ejemplo, que las empresas estén obligadas a utilizar los fondos ahorrados gracias a los derechos gratuitos para realizar inversiones climáticas.

“Demasiada flexibilidad podría transmitir a las empresas la señal de que, si surgen dificultades en el futuro, los responsables políticos seguirán relajando las normas, lo que reduciría los incentivos para invertir y, en consecuencia, socavaría la credibilidad del sistema”, advirtió en un estudio reciente. De forma similar, el grupo de reflexión EPICO ha propuesto reforzar las condiciones para recibir derechos de emisión.

La Comisión Europea tiene previsto presentar sus propuestas el 15 de julio. Además, la Comisión ha propuesto un mecanismo denominado “ETS Investment Booster” para proporcionar apoyo financiero a la industria. Según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, este programa contaría con un presupuesto de 30.000 millones de euros para financiar proyectos de descarbonización.

Varias organizaciones ecologistas y gobiernos de Estados miembros de la UE han afirmado que el EU ETS debe preservarse, tanto por ser un instrumento fundamental de la política climática como por su papel en la protección de la competitividad de las empresas europeas de tecnologías limpias.