La guerra entre las renovables y el Gobierno va a más. Tanto que el conflicto ha llegado a la Comisión Europea. Las asociaciones de renovables de Canarias ACER y Aeolican han interpuesto este miércoles una denuncia en Bruselas contra España por inclumplimiento del Derecho de la Unión Europea, reza la demanda.
Ambas asociaciones han interpuesto esta denuncia, con una documentación de más de 500 folios, en la que acusan al Gobierno español de vulnerar varias directivas europeas en el ámbito de renovables, del mercado interior de la electricidad e incluso de competencia. En total ACER y Aeolican denuncian ocho vulneraciones distintas. Ambas asociaciones han contado con el asesoramiento legal del bufete Holtrop, que les acompaña en otros recursos en territorio nacional.
Las asociaciones quieren poner en conocimiento de la Comisión Europea la insostenible situación que vive el mercado de las renovables en las islas Canarias. Una situación, que según Rafael Martell, presidente de Aeolican, "es gravísima pero ya no solo para los canarios, sino que afecta a todos los españoles".
Canarias vive una especie de moratoria de renovables. Para ser unas islas y lo que conlleva eso energéticamente hablando, es decir, su total aislamiento, es anoraml la situación que viven las renovables. Solo el 7,6% de la energía que se consume en Canarias procede de energías renovables.
"Solo hay instalados 177 megavatios de fotovoltaica y 163 de eólica sin contar con el proyecto de Gorona del Viento, en la isla de Hierro", asegura Enrique Rodríguez de Azero, presidente de ACER.
Los duros recortes a las renovables han dejado las islas prácticamente en un solar y dependiendo energéticamente de las energías convencionales, principalmente combustibles fósiles (fuel y gas). Las asociaciones canarias exigen al Gobierno un cambio normativo que sea más seguro para que se pueda desarrollar la eólica y la fotovoltaica con mayores garantías que las actuales y que puedan así reducir la dependencia del petróleo y sus derivados.
Uno de los grandes problemas del sistema eléctrico español es el sobrecoste que pagan todos los españoles en la factura de la luz de lo que se denominan los costes extrapeninsulares. Una partida que supera ampliamente los 1.000 millones de euros anualmente y que sobre todo es debido al aislamiento que sufre Canarias.
Si hubiera una regulación más estable habría más inversiones y por lo tanto se reducirían los costes extrapenínsulares. "Las renovables en Canarias han generado ahorros al sistema", asegura Rodríguez de Azero. Pero tras el último decreto de renovables, todos las antiguas instalaciones han dejado de ser retribuidas. "Los parques existentes ya no cobran nada y son los que verdaderamente ahorran", afirma Martell.
Canarias vive una situación especial en cuanto a retribuciones se refiere. Mientras las instalaciones de renovables han dejado de ser subvencionadas, las energías convencionales no han dejado de hacerlo, además a un coste bastante alto.
Por poner un ejemplo, mientras que la generación convencional percibe unos 200 euros por MWh, las renovables, según el decreto especial para Canarias y Baleares de agosto pasado, la retribución sería de unos 120 euros para la fotovoltaica y unos 85 euros MWh para la eólica.
Aun así, el sector eólico canario no ha invertido a pesar de que el Gobierno ofrecía estas retribuciones, las únicas en España. En ese decreto el Gobierno dio un paquete de 450 MW para la eólica en el archipiélago canario, y solo se han acogido 15 MW a esta norma. ¿Por qué?
"Por la inseguridad jurídica que da el último decreto que te revisa las retribuciones a los tres años, y así no hay quien invierta", asegura Martell.
Ahora las asociaciones esperan que Bruselas abra un procedimiento contra España por la normativa de renovables. El tiempo dirá si Bruselas les da la razón. De momento, la guerra Gobierno-renovables continúa y seguirá durante un tiempo.
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