A medida que aumenta la urgencia por abordar el cambio climático, los litigios relacionados con esta crisis también crecen rápidamente. Desde acciones legales que buscan responsabilizar a los gobiernos hasta denuncias por prácticas de greenwashing (lavado verde), los litigios climáticos han experimentado un notable incremento en los últimos años.
Entre 2017 y 2022, el número de casos registrados pasó de 884 a 2180. En 2023, este crecimiento comenzó a estabilizarse, aunque se presentaron más de 230 nuevos casos. Aunque la mayoría de las demandas continúan concentrándose en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y Suecia, ha habido un aumento significativo en los casos provenientes de países en desarrollo, que en 2022 representaron el 17% del total mundial. Este cambio refleja una atención global cada vez mayor hacia la responsabilidad climática.
Más recientemente, en 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició audiencias sobre un caso histórico para aclarar las obligaciones legales de los estados frente al cambio climático. Este caso, impulsado por Pequeños Estados Insulares liderados por Vanuatu, incluye la participación de 97 estados y 11 organizaciones en audiencias celebradas del 2 al 13 de diciembre de 2024. La opinión consultiva, esperada en 2025, abordará las obligaciones de los estados para combatir la emergencia climática y las consecuencias legales de no cumplir con estas obligaciones. Aunque no vinculantes, las opiniones de la CIJ tienen un peso significativo en los ámbitos legal y político, con el potencial de influir en políticas nacionales y tendencias futuras de litigios.
Este fenómeno debería captar el interés de los inversores, cuyas operaciones pueden estar expuestas a consecuencias legales derivadas de estos litigios. Además, representa una señal de alerta para quienes realizan procesos de due diligence, enfatizando la importancia de una administración más consciente y alineada con la sostenibilidad.
Tipos de litigios climáticos y la transformación del panorama legal global
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) clasifica los litigios climáticos en seis áreas clave que reflejan la diversidad de acciones legales emprendidas frente al cambio climático. Una de estas áreas abarca los derechos humanos, donde las demandas se fundamentan en que el cambio climático y la falta de acción de los gobiernos violan derechos esenciales, como el derecho a la vida y a un medio ambiente seguro. Estas acciones suelen basarse en normativas internacionales o constitucionales para exigir medidas concretas.
Otra categoría significativa es la falta de aplicación de políticas, en la que los litigios se dirigen a los gobiernos que no han cumplido con sus compromisos climáticos. Estas acciones buscan una implementación más estricta y efectiva de las políticas existentes. En un ámbito similar, los casos relacionados con combustibles fósiles buscan frenar la extracción y quema de estos recursos debido a su impacto directo en el cambio climático, señalando tanto a las empresas involucradas como a los gobiernos que las respaldan.
Los litigios también se enfocan en el lavado verde y la divulgación climática, denunciando prácticas engañosas de las empresas que pretenden presentarse como sostenibles mientras ocultan información sobre su impacto real en el medio ambiente. Además, las demandas por responsabilidad empresarial apuntan a que las compañías asuman las consecuencias de los daños climáticos derivados de sus actividades, ya sea mediante compensaciones económicas o implementando cambios en sus operaciones y políticas.
Otro enfoque relevante es la falta de adaptación, donde los litigios denuncian la carencia de planificación adecuada frente a los riesgos climáticos. Estas acciones argumentan que la inacción en la gestión de estos riesgos no solo aumenta las vulnerabilidades existentes, sino que también provoca daños que podrían haberse evitado.
Estas áreas clave destacan cómo el cambio climático está configurando un panorama legal cada vez más complejo y relevante en el ámbito global.
Una creciente crisis de responsabilidad
Uno de los casos más sonados ha sido el de ExxonMobil, objeto de diversos litigios climáticos recientes, enfrentando demandas que están influenciando el debate sobre la responsabilidad corporativa en cuestiones medioambientales.
En julio de 2024, más de dos decenas de ciudades y estados presentaron una demanda contra la compañía, alegando que había engañado al público respecto a los riesgos climáticos y ambientales asociados con los combustibles fósiles. La acción legal solicita sanciones económicas, compensaciones y una campaña informativa para abordar años de posible desinformación. En respuesta, ExxonMobil interpuso una contrademanda, lo que generó tensiones con inversores institucionales como CalPERS y Norges Bank.
Estos acontecimientos ponen de relieve los riesgos financieros y legales que pueden enfrentar las empresas en el contexto de los litigios climáticos. Este caso podría establecer un precedente importante en cuanto a la responsabilidad de las compañías petroleras respecto a su papel en el cambio climático.
De hecho, las empresas señaladas en nuestras propias investigaciones sobre litigios climáticos están significativamente involucradas en casos de lavado verde. Los sectores energético y financiero enfrentan riesgos particularmente elevados, predominantemente en Europa, donde los litigios y las sanciones han sentado precedentes importantes. Con muchos casos aún pendientes, las empresas deben prepararse para un mayor escrutinio legal y potenciales consecuencias financieras.
Nuevas tendencias y expectativas de futuro
Aunque los litigios climáticos continúan en aumento, el ritmo de crecimiento se está ralentizando, lo que sugiere que los casos futuros podrían centrarse en demandas estratégicas con potencial para establecer precedentes jurídicos e impulsar cambios políticos significativos.
Desde 2023, se ha observado un notable incremento de casos internacionales ante tribunales clave como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas demandas podrían tener un efecto dominó en los sistemas jurídicos nacionales, influyendo en decisiones futuras sobre cuestiones climáticas.
Sectores como la energía y las finanzas enfrentan una creciente oleada de litigios relacionados con el greenwashing, la gestión deficiente del riesgo de transición y el principio de "quien contamina paga". En 2023, los demandantes ganaron el 70% de los casos de lavado verde, destacando los riesgos legales para las empresas con declaraciones ambientales engañosas.
No todos los litigios climáticos, sin embargo, apoyan la reducción de emisiones. En 2023, se registraron 50 casos que cuestionaron objetivos climáticos, enfocándose en iniciativas ESG, participación pública en políticas climáticas y medidas para una transición justa.
El panorama jurídico del cambio climático es cada vez más complejo, con casos tanto a favor como en contra de las acciones climáticas. Las empresas, especialmente en sectores de alto riesgo, deben prepararse para un escrutinio mayor, mientras los demandantes priorizan demandas estratégicas clave para promover la acción climática global. El futuro de los litigios climáticos ya está redefiniendo cómo enfrentamos la crisis climática.
Aliénor Legendre es analista asociada ESG de MainStreet Partners
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