Los retrasos generalizados en los proyectos y los desafíos regulatorios están socavando las aspiraciones europeas en materia de captura y almacenamiento de carbono

Los ambiciosos objetivos de almacenamiento de carbono de la Unión Europea (UE), establecidos a mediados de 2024 en el marco de la Ley de Industria Cero Neto (NZIA, por sus siglas en inglés), enfrentan un déficit considerable. Según un nuevo análisis de Wood Mackenzie, la capacidad de inyección disponible prevista para 2030 se situará muy por debajo de los 50 millones de toneladas anuales (mtpa) requeridos. El estudio independiente revela que los retrasos generalizados en los proyectos y los desafíos regulatorios están socavando las aspiraciones europeas en materia de captura y almacenamiento de carbono (CAC).

Una brecha cada vez mayor

La evaluación de Wood Mackenzie indica que la capacidad de inyección de CO₂ disponible en la UE para 2030, estimada en octubre de 2025, será de aproximadamente 28,5 millones de toneladas anuales, lo que representa un déficit de 21,5 millones de toneladas anuales respecto al objetivo de 50 mtpa fijado por el NZIA.

La estimación se reduce aún más si se excluyen los proyectos que aún no cuentan con licencias, siendo los problemas regulatorios una de las principales barreras para el progreso.

El análisis, encargado por ExxonMobil, OMV Petrom, Shell y TotalEnergies, pero realizado de forma independiente por Wood Mackenzie, examinó los proyectos anunciados en toda la UE utilizando la base de datos Lens Carbon de la compañía. Actualmente, no existe ningún proyecto de almacenamiento a gran escala operativo en la UE: los proyectos que funcionan hoy son de pequeña escala, y aquellos que ya han tomado decisiones finales de inversión aportarán apenas 2,9 millones de toneladas anuales para 2030.

“Las ambiciones de almacenamiento de carbono de la UE están chocando con las realidades comerciales y técnicas”, afirmó Jon Story, vicepresidente de Consultoría Energética y jefe de Consultoría en CAC de Wood Mackenzie.

“Con retrasos promedio de más de 1,5 años y precios del carbono en la UE aún muy por debajo de los costos por tonelada de los proyectos de captura, estamos viendo que la política va por delante de los fundamentos del mercado y de lo que la industria puede ofrecer. El promedio de ocho años desde la concesión de la licencia hasta la operación significa que la ventana para cumplir los objetivos de 2030 está prácticamente cerrada”.

Cuello de botella

Los proyectos europeos de almacenamiento requieren aproximadamente ocho años desde la fase de exploración/evaluación hasta la operación, lo que significa que los proyectos debieron haber obtenido licencias de exploración o evaluación antes de 2023 para poder operar en 2030.

Solo 15,6 millones de toneladas anuales de capacidad de almacenamiento estaban lo suficientemente avanzadas en 2023 como para cumplir con el cronograma de 2030. Este prolongado período de desarrollo, combinado con obstáculos regulatorios y desafíos legales, implica que acelerar los proyectos para cumplir con el plazo de 2030 no es una opción realista.

Las licencias no acompañan la ambición

El estudio revela que la concesión de licencias no ha seguido el ritmo de las necesidades de desarrollo de los proyectos. Solo Italia opera un proyecto piloto de almacenamiento de carbono, mientras que Países Bajos —una de las jurisdicciones europeas más avanzadas en CAC— solo ha otorgado dos licencias de almacenamiento de CO₂.

Varios proyectos, incluidos Porthos y Aramis en los Países Bajos, han sufrido retrasos debido a objeciones legales.

Además, los desafíos económicos agravan los retrasos. Los precios del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS), que promediaron 70 dólares por tonelada en 2024, siguen por debajo de los costos nivelados del CAC para todos los proyectos de captura modelados por Wood Mackenzie.

Esta realidad económica, junto con problemas de bancabilidad y fluctuaciones de precios, limita el apetito inversor. Muchos proyectos de captura tienen dificultades económicas debido a incentivos insuficientes, lo que genera un alto riesgo de activos varados.

El análisis muestra además que muchos proyectos de captura se encuentran lejos de los sitios de almacenamiento propuestos, lo que requiere infraestructura de transporte costosa, agregando más coste y complejidad a la cadena de valor.

La investigación de Wood Mackenzie encontró que la mayoría de los proyectos europeos de CAC enfrentan retrasos promedio superiores a 1,5 años, impulsados por barreras técnicas, legales y comerciales.

Incluso proyectos avanzados como Liverpool Bay CAC en el Reino Unido y Porthos en los Países Bajos han sufrido reveses significativos, a pesar del apoyo gubernamental.

Implicaciones para las políticas

Las conclusiones subrayan el desafío de alinear la ambición política con la realidad técnica y comercial.

Aunque la UE ha establecido un entorno político más favorable que otras regiones, las limitaciones en los flujos de incentivos individuales hacen que los desarrolladores necesiten múltiples fuentes de financiamiento para avanzar en los proyectos.

El estudio sugiere que el objetivo de 2030 del NZIA podría necesitar una reevaluación cuando la Comisión Europea revise los avances en 2028, tal como estaba previsto originalmente en la legislación.