A la hora de la dimisión de Soria, el Ministro de Industria, Energía y Turismo, cabe hacer el balance de la gestión del mismo desde una posición neutral, exenta de cualquier valoración subjetiva de la misma y, por supuesto, sin la inveterada costumbre de este país de arrancar hojas del árbol caído.
Podríamos empezar con las actuaciones que calificaríamos como exitosas, algunas de ellas condicionadas por el déficit tarifario que se encontraba disparado al inicio de la legislatura. La contención del déficit y sobre todo la desactivación en el crecimiento del mismo ha sido una actuación positiva que hay que apuntar en el haber del Ministro dimisionario. Otro éxito importante es la eliminación de subastas CESUR, después de las subidas de precio poco explicadas en el mercado eléctrico.
Asimismo, como actuaciones sobresalientes se señalan la posición decidida en la designación del emplazamiento para el almacenamiento centralizado de residuos nucleares, si bien, con posterioridad, la decisión se ha visto truncada por cuestiones políticas ajenas al caso, asimismo, es de agradecer la posición favorable al fracking en un país con una elevada dependencia energética, para ello, fue un acierto promover el oportuno cambio en la legislación para al hacer partícipes del beneficio de la explotación a propietarios de suelo y a agentes locales y tratar así, de paliar el rechazo a estas actividades de prospección.
No obstante, no todo han sido éxitos en la viña del Señor, pues de algunas de las actuaciones desarrolladas no se puede decir que el buen hacer sea el calificativo que procede a la hora de enjuiciar las mismas. Así, la política eléctrica seguida para los grandes consumidores no solo no ha solucionado los problemas de los mismos, sino que, al aplicar condiciones asimétricas a las distintas factorías ha propiciado problemas internos en diferentes sectores, como el siderúrgico, con acusaciones de competencia desleal basada en la discriminación de la normativa, o por insuficiencia de los apoyos en el papelero, el cementero o el químico.
A pesar de las ayudas a los grandes consumidores por la gestión de demanda de interrumpibilidad, no se ha conseguido mejorar la competitividad de nuestra industria por el mayor peso del factor electricidad en la estructura de costes respecto a nuestros países competidores de la Unión Europea.
Otro elemento criticable de la gestión desarrollada por el Ministro es el desequilibrio en los esfuerzos de los diferentes agentes en las actuaciones para la reducción del déficit tarifario, haciendo recaer éstas, en mayor medida, en los consumidores y en las plantas de energías renovables, con una falta de visión flagrante en esta, pues, además de perder la posición de liderazgo en estas tecnologías que disfrutábamos en el año 2012, ahora, para conseguir la descarbonización del sistema energético comprometido, después del Acuerdo alcanzado en Paris contra el cambio climático, tenemos que apostar por estas energías hasta alcanzar entre un 90-100% del parque generador con energías renovables en el año 2050.
También la actitud mostrada por España durante la aprobación de la Directiva de Eficiencia Energética y su posterior transposición a nuestro ordenamiento jurídico, pone en duda el verdadero compromiso que el equipo energético tiene con las políticas orientadas a la contención de las emisiones de CO2.
En otras cuestiones, más allá del sector energético, las realidades no han sido acompañadas por el éxito, así en la política industrial ha impuesto condiciones más restrictivas para la concesión de subvenciones, si bien ha sido por falta de presupuesto, por lo que no ha conseguido impulsar las inversiones en el sector industrial.
También, en líneas generales, puede decirse que se han presentados fallos evidentes en la comunicación, como ha sido la incapacidad del Ministerio de luchar contra la campaña, orquestada desde determinados medios, del denominado “Impuesto al sol”, que si bien es una extralimitación regulatoria, es cierto que, en alguna medida, se debe contribuir a la recuperación de los costes de infraestructuras.
Los continuos cambios en la regulación que se han venido produciendo en los últimos años, incluso con modificaciones retroactivas, estén o no parcialmente justificadas, ha producido un deterioro de la seguridad jurídica con las previsibles consecuencias en el proceso inversor, así como una erosión de la imagen del regulador.
Todo ello se ha visto envuelvo de una falta de interlocución con los sectores por la soberbia, por el supuesto conocimiento intelectual de su equipo, que le ha impedido recoger la visión de la verdadera realidad por las que atravesaban nuestros sectores industriales.
En definitiva una gestión plagada de luces y sombras sobre la que se puede decir como positivo que aún, si hay voluntad de corrección, estamos a tiempo de enmendar varios de los errores incurridos.
Alberto Carbajo es consultor y miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.
jorge
26/04/2016