¿Podemos disponer de una política energética renovada?

Hace pocos días, este diario digital nos destacaba los contenidos que, en materia de energía, estaban presentes en los programas de las dos candidaturas que, al parecer, pueden resultar las formadoras de mayoría suficiente para alcanzar las alcaldías de Madrid y Barcelona. Sin ser anteproyectos de futuras leyes definidoras de una nueva política energética para España, por cierto ambos programas coincidentes en muchos de sus planteamientos, ciertamente sí que encaran algunos de los problemas pendientes de resolución (pobreza energética, rehabilitación energética de viviendas, movilidad sostenible, etc.), sin elaborar en ningún caso en la forma de poder abordarlos ni en su financiación.

Tratemos de hacer un análisis desde la ortodoxia de cómo debe ser un política energética de un Estado. El primer problema aparece ya aquí, al tratarse de programas que nacen de candidaturas a entes locales, sin jurisdicción para encarar ninguna política energética. Debe ser pues que se han apropiado del programa de algún partido político que pensando que puede aspirar a ser gobierno en España, ha transpuesto su contenido al de la agenda local de ambas capitales. Superado este escollo y entendiendo que en realidad estamos analizando el programa que un partido propondrá en alguna futura elección al gobierno del Estado español, tratemos de analizar la calidad de su política energética.

Una política energética debe definirse básicamente en dos aspectos: su mix y su gobernanza:

1)    En cuanto al segundo aspecto, no hay ninguna mención específica en ninguno de ambos programas, por lo que deberemos inferir que la gobernanza presente ya les sirve. No sería pues necesario ni modificar la propiedad de los agentes  ni modificar los entes reguladores. Nada pues de nacionalizaciones, nada de especialización de los reguladores. Nada de mayor independencia del ente regulador respecto al gobierno. ¡Cuándo mandemos nosotros, ya veremos que convendrá hacer! Lo de siempre, por cierto

2)    En cuanto al primer aspecto, el del mix de tecnologías y de energías primarias, ambos programas coinciden en basarse solo en el impulso a las energías renovables. Nada sobre el resto del mix a propósito de las energías de apoyo, como el gas natural, el carbón nacional, las nucleares. Por cierto, tampoco nada sobre la necesidad de un diseño de la transición energética en España.

3)    Muy brevemente se incluye alguna frase sobre la necesidad de una política industrial asociada a la política energética. Así como sobre la innovación, investigación y desarrollo aplicados básicamente a las energías renovables. Nada sobre el papel de España, por ejemplo, en el proyecto ITER y en tantos otros promovidos con fondos europeos. ¡Qué inventen ellos, dijo Unamuno, y así nos va!

En lo referente a la regulación, casi nada referente a los principios que deberían utilizarse para un correcto despliegue de la regulación necesaria para llevar a cabo dicha política:

1)    El principio de suficiencia (recaudar lo necesario para asegurar que no se repita el déficit del sector eléctrico)

2)    Los principios de elegibilidad, de separación de actividades, de gradualidad, de reciprocidad; de transparencia no tienen mención específica alguna

Si, en cambio, que ambas propuestas se adentran en la mejora de la eficiencia energética así como en la auditoría, elementos directamente extraídos de la vigente Directiva sobre Eficiencia Energética del 2012.

Menciones sobre la devolución de competencias de impuestos, planes para reducir la contaminación atmosférica, políticas de movilidad eficiente fomentando la peatonal y ciclista, tasas por ocupación del espacio municipal, son todas ellas problemáticas ligadas al ámbito local que de forma muy colateral afectan a la regulación del sector energético.

Estamos en un periodo de transición política y las nuevas autoridades que aparezcan, producto de los pactos, acuerdos, comparación de agendas y programas, deberán darnos la respuesta de quienes resultan nominados al frente de cada administración, local, autonómica y estatal. Solo serán las de un nuevo gobierno de España o de cualquier  nuevo Estado que resulte de estos procesos. los responsables de la proclamación de un nuevo modelo energético, esperemos que enunciándolo en su totalidad y coherente con las directivas europeas y los compromisos tomados de los gobiernos anteriores. No vale romper con los compromisos pasados ya que se tomaron en nombre del Reino de España.

Solo así, podremos esperar una política energética renovada, robusta, sostenible y aceptada por el acerbo comunitario y mundial. No hacerlo así significará entrar en territorio ignoto.