Política energética

PSOE y Podemos pedirán la cabeza del presidente del CSN en la primera sesión de la Comisión de Industria

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La próxima semana, con casi toda probabilidad, se convocará la nueva Comisión de Industria, que al igual que la de la pasada Legislatura fallida, estará formada por prácticamente los mismos diputados.

Pese a que el Reglamento del Congreso de los Diputados establece que "las Comisiones Permanentes (…) deberán constituirse dentro de los diez días siguientes a la sesión constitutiva del Congreso", y ésta tuvo lugar el pasado 16 de julio, fuentes del Congreso han confirmado que será a partir de la semana que viene "cuando se comiencen a formar las Comisiones Permanentes Legislativas pese a que el Grupo Popular va a intentar dilatarlo todo lo posible".

Una de las primeras será la de la Comisión de Industria, que en esta ocasión variará ligeramente la composición de sus miembros al cambiar la representación de los diferentes grupos parlamentarios en la Cámara Baja.

Pero una vez que se constituya, tanto Partido Socialista como Podemos tienen claro que retomarán la última petición que se hizo justo unos días antes de la disolución de las Cortes en mayo pasado: el cese de las funciones del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen.

"Será lo primero que hagamos", ha señalado Juan López de Uralde, diputado por Podemos y principal lider de Equo. Por su parte, Pilar Lucio, diputada del grupo socialista y portavoz de Energía del PSOE, ha confirmado que "en cuanto se constituya lo haremos". Por su parte, Melisa Rodríguez, diputada canaria y única portavoz de Energía de Ciudadanos se ha excusado de hacer declaraciones porque "está muy liada con las elecciones vascas".

Hay que recordar que el presidente del CSN lleva sin comparecer ante el Congreso de los Diputados desde noviembre de 2014 pese al requerimiento unánime de los grupos parlamentarios en la Comisión de Industria, de la que depende el CSN.

Y según dice el artículo 29 del Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, "el presidente y los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear cesarán por las causas establecidas en el artículo 7 de la Ley 15/1980, de 22 de abril".

En ese artículo se cita cuáles son las causas por las que puede cesar el presidente o un consejero y entre ellas está el apartado e) que dice que el Congreso de los Diputados, a través de la Comisión competente y por acuerdo de los tres quintos de sus miembros, podrá instar en cualquier momento al Gobierno el cese del Presidente y Consejeros "cuando se les considere incapacitados para el ejercicio de sus funciones o por dejar de atender con diligencia los deberes de su cargo", entre ellos, rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados.

Es decir, que esta nueva Comisión de Industria necesitaría el acuerdo de los tres quintos de sus miembros para seguir adelante con su cese. Habrá que ver cuál es el equilibrio de partidos que se va a formar y si mantendrán la misma postura que hace tres meses.

El informe Garoña

Si sale adelante, uno de los puntos más polémicos es el esperado informe sobre la viabilidad de ampliar la vida útil de la central nuclear de Garoña, que se ha ido retrasando "primero se iba a presentar en diciembre, incluso antes de Navidades, pero luego se retrasó hasta marzo y ante la situación política tan complicada el CSN pensó que en noviembre sería ya una buena fecha porque ya se habría formado Gobierno, no contaban con unas terceras elecciones", explica Carlos Bravo, experto en energía nuclear y miembro de Salvia.

"En función de quien presida el CSN, el informe podría ser positivo o negativo, porque no se puede obviar el componente político", señala Paco Castejón, físico nuclear y miembro de Ecologistas en Acción, "pero Iberdrola ya ha dicho en varias ocasiones que apuesta por clausurar la central por una cuestión económica, y es que en realidad Garoña es como un coche viejo al que se le estropea el embrague, cuesta tanto el arreglo que económicamente no merece la pena".

Sin embargo, ambos expertos coinciden que de presentarse un informe positivo, aunque Garoña finalmente no se pusiera de nuevo en marcha, "se crearía un precedente para el resto de nucleares, y eso es lo que interesa al lobby nuclear".

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