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El sistema eléctrico español sufrió un apagón que ha desencadenado una serie de consecuencias en la estructura del mercado energético. Lo ocurrido nos ha llevado a replantearnos el cómo se gestiona la estabilidad del sistema y qué implicaciones tiene para todos los actores: generadoras, distribuidoras, comercializadoras y, especialmente, consumidores.

Lejos de tratarse de un simple corte puntual, el apagón fue consecuencia, aparentemente, de un desequilibrio súbito entre generación y demanda. Si bien las razones están siendo investigadas por las autoridades competentes, al parecer varias unidades de generación se habrían desconectado en cascada debido a una sobreproducción inusual. Francia, por su parte, decidió desconectarse de la red para aislarse de este efecto dominó, generando una cadena de desconexiones que obligó al operador español a activar los respectivos protocolos de emergencia. Desde entonces, el sistema opera en un nuevo entorno de precaución, donde mantener el equilibrio tiene un coste mucho más alto.

Servicios de ajuste

La consecuencia inmediata ha sido el encarecimiento de los costes de los servicios de ajuste del sistema eléctrico, es decir, el dinero que se destina a garantizar que en todo momento se produzca aproximadamente la misma energía que se consume. Estos costes, que hace solo unos años eran residuales, han ganado un peso desproporcionado. Entre 2018 y 2024 se ha ido incrementando de forma paulatina hasta multiplicarse por diez, y en lo que va de 2025 han crecido un 25% adicional. Sin embargo, el dato más revelador ha llegado tras el apagón: en apenas dos semanas, se han duplicado nuevamente.

Hoy, en muchas franjas horarias, el coste de mantener el sistema equilibrado supera con creces al precio de la propia energía. En mayo, el ajuste ha llegado a representar hasta un 200% sobre el precio base de la electricidad. Este incremento repercute directamente en las facturas, sobre todo para quienes tienen tarifas indexadas al mercado. Pero también está generando tensiones severas en las comercializadoras que operan con precios fijos.

Durante los últimos años, muchas empresas, especialmente pymes, han optado por tarifas fijas como medida de previsibilidad financiera. Sin embargo, estas tarifas se calculan con escenarios de riesgo razonables, y lo ocurrido el 28 de abril escapa a cualquier previsión lógica. Las comercializadoras que cerraron precios antes del apagón se están enfrentando ahora a sobrecostes imprevistos, que en algunos casos están suponiendo pérdidas significativas.

Esta situación está forzando a revisar las condiciones comerciales. Algunas compañías se han visto obligadas a subir precios de forma preventiva y otras estudian introducir cláusulas que permitan revisar contratos en caso de que se repitan episodios de este tipo. En definitiva, el precio fijo ya no garantiza estabilidad y muchas empresas están empezando a cuestionar si esa fórmula sigue siendo la más adecuada.

Una decisión con nuevas implicaciones

Elegir entre tarifa fija o indexada ya no es una cuestión únicamente económica, sino estratégica. Las tarifas indexadas ofrecen mayor fidelidad al mercado real y permiten beneficiarse de bajadas, pero también exponen a subidas inesperadas. En cambio, las tarifas fijas ofrecen certidumbre, pero solo si el riesgo que asumen las comercializadoras es razonable.

En este nuevo escenario, la decisión debe basarse en un análisis técnico riguroso. No se trata solo de cuánto se paga, sino de entender por qué se paga ese precio y qué nivel de exposición al riesgo está asumiendo cada parte. Lo más preocupante es que no hay señales claras de que la situación vaya a estabilizarse en el corto plazo. Red Eléctrica ha solicitado que los generadores de respaldo amplíen su disponibilidad, en muchos casos generando bajo su “mínimo técnico”, es decir, generando lo justo para poder reaccionar de inmediato si se repite un desequilibrio. Esta medida implica mantener una reserva energética que implica un coste, pero necesaria para evitar una nueva caída del sistema.

Si este protocolo se mantiene en el tiempo, el sistema se encarecerá estructuralmente, afectando tanto a consumidores como a comercializadoras. Y si, además, no se adapta la red a la nueva realidad renovable, el riesgo de nuevos apagones o tensiones podrían verse de nuevo.

Las pymes deben asumir que la contratación de energía ha dejado de ser una cuestión administrativa. En un entorno tan volátil y cambiante, el acompañamiento técnico y comercial es clave. No basta con firmar un contrato con un buen precio: hay que entender qué hay detrás de ese precio, cómo evoluciona el mercado y qué protección ofrece el proveedor ante escenarios inesperados.

Lo ocurrido en mayo, como consecuencia del apagón del 28 de abril, ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda: el sistema energético español está cambiando más rápido de lo que pensamos. Y quienes no lo comprendan a tiempo pagarán las consecuencias. No solo en su factura, sino también en su capacidad de operar con estabilidad.

Álvaro Pérez González es responsable de Aletteo

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Un comentario

  • naughty

    naughty

    06/06/2025

    El apagón lo pagará el contribuyente con CUPS a su nombre, vía impuestos para las indemnizaciones que recaigan sobre gobierno y REE, y vía incremento en la factura para las de generadoras y distribuidoras (oligopolio, para entendernos)

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