La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparecerá el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados para informar de las medidas que impulsará el Gobierno ante el incremento del precio de la electricidad y de la nueva regulación del bono social eléctrico.
La comparecencia de Ribera, a petición propia, se produce tras la subida de la factura de la luz en el mes de agosto y en medio de un repunte de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, donde este mes de septiembre llegó a máximos anuales, por encima de los 70 euros el megavatio hora (MWh).
Teresa Ribera ha advertido en las semanas previas a su comparecencia que muchos de los elementos que influyen en este incremento, como la subida de los precios de las materias primas, como el gas y el carbón, y de los derechos de CO2 en los mercados, "están muy lejos de la capacidad de acción del Gobierno".
No obstante, ha indicado que en su comparecencia dará una orientación de posibles medidas y ha destacado la importancia de acometer una reflexión profunda sobre el modelo en el medio y largo plazo, actuando sobre los componentes fiscales, de coste regulado y de mercado.
El recibo de la luz encadenó en agosto su cuarta subida consecutiva anual y alcanzó su precio más alto en lo que va de 2018, con un repunte del 11 % respecto al mismo mes de 2017.
Ello supuso para un consumidor tipo acogido al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) o tarifa regulada por el Gobierno -con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.000 kilovatios hora (250 KWh al mes)- pasar a pagar 62,51 euros, 6,15 más que en la factura de un año antes.
En los catorce primeros días de septiembre el incremento sería de un 19 % respecto al mismo mes del año pasado.
Los precios de la electricidad en el mercado mayorista, que suponen el 35 % del recibo, han marcado en septiembre dos máximos anuales, el primero el 5 de septiembre, con un precio medio diario de 74,58 euros/MWh, récord superado el día 12, en que llegó a 75,39 euros/MWh.
La subida de la luz ha reabierto el debate sobre la reforma de la factura eléctrica y el mercado mayorista, en un momento en el que está a punto de vencer el plazo -el 8 de octubre- para que los beneficiarios del bono social eléctrico, que tienen descuentos en el recibo de la luz, se acojan al nuevo modelo que aprobó el Gobierno del PP.
Sólo algo más de 700.000 consumidores disfrutaban del nuevo bono social al finalizar agosto, frente a los más de 2,2 millones de beneficiarios de descuentos que había en febrero de 2018.
Para moderar el impacto de la subida de la luz, de la que un 65 % son peajes e impuestos, partidos como Podemos y Ciudadanos han pedido tocar éstos últimos, como el IVA, que es del 21 %, o el impuesto sobre la electricidad.
La reforma del mercado mayorista, en el que se fija el precio de la energía que se va a consumir al día siguiente y que funciona bajo un criterio económico marginalista, por el que todas las tecnologías de generación cobran en cada hora lo que marca la más cara que entra, es otra de las cuestiones objeto de debate.
El Gobierno del PP no era partidario de cambiar ese sistema marginalista, utilizado en otros 22 países de Europa, mientras que Unidos-Podemos ha pedido actuar contra la sobrerretribución que supone para las centrales de generación baratas, como las hidráulicas.
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