Los imputados por la concesión de explotación del denominado proyecto Castor han comenzado a declarar este lunes ante el juez por un presunto delito de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales. La actividad del almacén subterráneo de gas, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), cesó en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria después de que se registraran numerosos movimientos sísmicos en la zona.
Por las supuestas irregularidades en la concesión de la explotación hay un total de 18 altos cargos imputados. Pertenecen a los Ministerios de Industria y Medio Ambiente, el Instituto Geológico y la empresa Escal UGS, participada por ACS.
El primero en acudir a declarar al juzgado de instrucción de Vinaròs, alrededor de las 9.30 horas, ha sido Jesús Gómez de las Heras, director adjunto de Recursos Minerales del Instituto Geológico Minero.
Además, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) ha citado a declarar a otros dos imputados en la causa los días 20 y 22 de octubre.
A las puertas del juzgado se ha concentrado con una gran pancarta una veintena de personas de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia, que exigen la imputación de la cúpula de ACS, incluido Florentino Pérez.
Antecedentes
Los incidentes por el proyecto Castor comenzaron en septiembre de 2013, cuando se produjeron cerca de 400 seísmos en el Golfo de Valencia desde el día 13 hasta finales de ese mes. Esto generó gran intranquilidad en la población y el Ministerio de Industria ordenó paralizar la actividad de manera temporal hasta esclarecer la causa de los seísmos.
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) elaboraron sendos informes que determinaron que la actividad de inyección de la planta estaba directamente relacionada con los seísmos que se produjeron.
En octubre de 2014, el Consejo de Ministros materializó el pago de la indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS, una cantidad que estaba fijada en una cláusula del contrato que firmó el Gobierno con la empresa en 2008.
El pago se hizo efectivo después de que el Gobierno intentara a través del Tribunal Supremo suspender la cláusula del acuerdo, aunque el Alto Tribunal ratificó la validez de la misma.
El ministro se defiende
El ministro de Energía, José Manuel Soria, ha dicho este lunes que "el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer" en este asunto.
Lo primero que hizo el Gobierno, ha aseverado Soria antes de participar en una reunión con REE, fue declarar lesiva para los intereses del Estado una de las cláusulas del Real Decreto de 2008 que autorizó el almacén y que establecía que, si en algún momento de la vida del proyecto el operador dejaba de operarlo, tenía derecho a indemnización por el valor residual del mismo, aun cuando mediara dolo o culpa.
El ministro de Industria, Energía y Turismo ha añadido que, posteriormente, en septiembre de 2013, cuando, como consecuencia de la inyección del gas colchón en el almacenamiento se detectaron movimientos sísmicos por encima de determinado nivel en la escala Richter, "se ordenó la paralización de esa inyección".
En tercer lugar, solicitamos que el operador del sistema gasista se hiciera cargo del mantenimiento de la planta mientras se recaban estudios adicionales que en estos momentos está llevando a cabo el Instituto Tecnológico de Massachusetts con el fin de ver si en el futuro es viable o no esta instalación.
Por todo ello, Soria ha considerado que, desde un principio, el Gobierno de España ha tomado las decisiones que tenía que adoptar.
José Manuel Soria ha asegurado que el Ejecutivo del que forma parte "es el primer interesado en esclarecer todo tipo de circunstancias que hayan podido concurrir en torno a este proyecto".
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios