Los técnicos en residuos nucleares quieren que el sector se convierta en "demandante" activo de un marco legislativo que regule el futuro almacén geológico profundo (AGP), un marco que, según la hoja de ruta marcada por el propio Gobierno, debe estar aprobado en 2028.
El AGP dará cabida a partir de 2073, en un emplazamiento por decidir, a los residuos de alta actividad y el combustible gastado procedentes del desmantelamiento de las centrales nucleares españolas.
"El séptimo Plan de Residuos Radiactivos (PGRR) establece una hoja de ruta con ocho etapas y hay que cumplirlas una por una para llegar a 2073" con una instalación operativa, ha destacado Mariano Navarro, director técnico de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos).
"Es un proyecto retador", ha afirmado, que ya ha cubierto la primera de esas etapas, la que el PGRR denomina 'Actualización del conocimiento'.
Para la siguiente, 'Adopción del marco legislativo y procedimental ', fijada para el periodo 2026-2028, Navarro ha señalado que están al alcance de Enresa aspectos como "preparar la documentación técnica, desarrollar los planes de I+D y mantener el diálogo entre el operador y el regulador".
El almacén de residuos
Pero la aprobación del marco legislativo y procedimental es algo "de todos", ha dicho en la jornada de clausura del curso sobre gestión de residuos nucleares que codirige en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.
"Todos somos responsables, porque es un proyecto de Estado en el que tenemos que aplicarnos desde las instituciones a las asociaciones profesionales y los investigadores", ha indicado.
Navarro ha pedido que los sectores implicados "sean demandantes" ante las autoridades legislativas.
"No podemos correr sin conseguir ese marco legislativo. Animo a todos, cada uno desde su posición, a que demande que se pueda alcanzar", ha insistido.
Pilar Lucio, vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ha coincidido en que es el momento de "nuevas leyes" para sentar las bases del AGP y ha dicho que este organismo "seguirá desempeñando su función de garantizar que todo el proceso cumple altos estándares de seguridad".
"La confianza pública no se decreta, se construye a través de una actuación coherente a lo largo del tiempo", ha agregado.
El PGRR estipula que entre 2026 y 2028 "el Gobierno analizará la información presentada y orientará las etapas siguientes (del AGP) en función de la valoración realizada, en especial en lo quese refiere al proceso de designación del emplazamiento".









Víctor
10/07/2026