El 20 de enero de 2025, Donald Trump firmó —por segunda vez— la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París. La decisión fue presentada como un acto de soberanía económica y patriotismo industrial. Sin embargo, si se contrastan los datos de inversión, los informes de organismos internacionales y la literatura con solvencia reconocida sobre transiciones energéticas, lo ocurrido se parece mucho menos a una estrategia y mucho más a un acto de autolesión histórica, quizás motivado por la preocupación por la recuperación de las inversiones en activos, así como por las amortizaciones pendientes que condicionan el pago de rendimientos a los accionistas de las grandes compañías. Un tiro en los dos pies.
Según la Agencia Internacional de la Energía, la inversión mundial en energía alcanzará en 2025 los 3,3 billones de dólares, de los cuales 2,2 billones se destinan ya a energías limpias. Es el doble que a los combustibles fósiles. Hace apenas diez años, la relación era la inversa. La solar fotovoltaica —con cerca de 450.000 millones de dólares anuales— supera ya a la inversión en nueva producción petrolera. China invierte casi tanto como Estados Unidos y la Unión Europea juntos. A nivel mundial el capital ya ha cambiado de dirección. La cuestión no es si habrá transición, sino quién quedará dentro de ella y cómo quedará.
EEUU descarrila
Estados Unidos, por decisión política, ha optado por situarse fuera del carril de aceleración tecnológica más importante del siglo XXI.
Ningún analista relevante de los sistemas energéticos respalda esta deriva. Vaclav Smil, probablemente el mayor experto mundial en historia de las transiciones energéticas —y nada sospechoso de entusiasmo tecnocrático— ha insistido en la escala descomunal del desafío: sustituir más de 4 teravatios de capacidad fósil instalada, transformar 1.500 millones de motores de combustión, reemplazar decenas de millones de equipos industriales y agrícolas. Smil pide realismo sobre los ritmos, no una retirada. Su argumento nunca fue “no hacer la transición”, sino comprender su magnitud para poder hacerla bien.
Esta transición requiere muchas inversiones mientras que el capital es miedoso y evita los riesgos. Actualmente, el capital está instalado en un cierto statu quo energético y precisa marcar el ritmo para moverse de la situación presente hacia un nuevo statu quo, y la música de fondo, que acompaña el ritmo, no es exactamente la misma en cada uno de los bloques mundiales. EE. UU. Rusia, China, Europa y el resto de los países están acuciados por sus necesidades políticas y económicas muy distintas en cada caso.
Jean-Baptiste Fressoz ha añadido una advertencia aún más incómoda: en la historia, las fuentes de energía no se sustituyen, se acumulan. El carbón no eliminó la biomasa; el petróleo no eliminó el carbón. El riesgo actual no es una transición demasiado rápida, sino una no-transición disfrazada de transición, prolongando la dependencia fósil mediante discursos de aplazamiento.
Nicholas Stern lo formuló ya en 2006 y lo ha reiterado dos décadas después: los costes de la inacción climática crecen de forma exponencial, mientras que los de la acción tecnológica disminuyen. No actuar no es prudencia económica; es destruir valor futuro a nivel de planetapero quizás no desde la óptica de un accionista.
La evidencia sanitaria refuerza esta lectura. Durante los confinamientos de 2020, la reducción abrupta del tráfico y de la actividad industrial provocó una caída inmediata de contaminantes como NO₂ y PM₂,₅. Los hospitales europeos registraron descensos espectaculares en patologías respiratorias infantiles: ingresos por bronquiolitis reducidos hasta un 70-100% en algunos centros, urgencias por asma a la mitad. No fue un milagro epidemiológico: fue aire limpio. Cada incremento de partículas finas se asocia a aumentos medibles de mortalidad. La OMS estima siete millones de muertes prematuras anuales por contaminación atmosférica. La certeza climática corrobora todavía más esta lectura. Sólo basta leer cualquiera de los informes sobre los costes a escala planetaria de los daños causados por las alteraciones climáticas.
La política climática no es solo una cuestión ambiental. Es política industrial, sanitaria y fiscal
¿Y cuál ha sido la respuesta de la administración Trump? Revocar estándares de calidad del aire, relajar límites a centrales térmicas, frenar regulaciones sobre eficiencia vehicular y desmantelar agencias científicas. La EPA, la NOAA o la National Science Foundation han sufrido recortes y purgas técnicas. No se trata de desconocimiento. Es una elección consciente de desregulación estructural.
La historia económica ofrece precedentes inquietantes. Investigaciones del Center forInternational Environmental Law han documentado la estrecha colaboración histórica entre las industrias petrolera y tabacalera en la construcción de estrategias de desinformación desde los años cincuenta. El principio rector era simple y brutal: “la duda es nuestro producto”. No se trataba de demostrar nada, sino de retrasarlo todo. Recordemos la triste historia de la gasolina con plomo. A pesar de todas las evidencias, a pesar de todas las manifestaciones en contra, la administración americana seguida de otros países aplicase el principio: “no se trata de demostrar nada, sino de retrasarlo todo” …..con tal de no detraer los beneficios que implicaba la aplicación de correctivos.
Ese mismo mecanismo opera hoy en el negacionismo climático: no convencer, sino ganar tiempo político frente a la evidencia material.
La retirada climática estadounidense debe leerse, además, en clave geopolítica. Washington no ha creado un vacío; ha cedido liderazgo. China lo ha ocupado con rapidez estratégica, integrando transición energética, dominio industrial y diplomacia tecnológica probablemente para compensar su falta de recursos de fuentes fósiles a diferencia de Rusia o EE.UU. La Unión Europea ha avanzado con su mecanismo de ajuste en frontera por carbono y en sus programas de optimización de recursos también para compensar sus carencias. Países tradicionalmente dependientes de importaciones fósiles —India, Brasil, gran parte del Sudeste Asiático— aceleran su diversificación por razones de seguridad energética, no de idealismo verde.
La transición energética real no es una cruzada moral. Es una reorganización del poder económico global.
Mientras el mercado fósil intenta prolongar su lógica extractiva, las sociedades reaccionan para proteger su base material de reproducción —clima estable, salud pública, seguridad energética—. Negar esa reacción no la detiene; solo encarece su desenlace y suaviza el ritmo de la transición para evitar sobresaltos y movimientos bruscos al capital. Estados Unidos corre así el riesgo de repetir un patrón histórico conocido: liderar la innovación que inaugura una era —como hizo con la informática o internet— y, por decisión política interna y temor a salir del camino conocido, renunciar a dominar directamente la maduración industrial.
Conclusión: Los huracanes no votan. Los incendios no distinguen entre estados republicanos o demócratas. Las cadenas de inversión tampoco esperan a los ciclos electorales. Cuando los flujos tecnológicos cambian de dirección, las potencias que dudan no conservan el pasado: pierden el futuro.
La pregunta que dejará esta década no será por qué no sabíamos lo suficiente. Será porqué, sabiéndolo casi todo, algunos decidieron actuar como si la realidad pudiera negociarseciñéndose a la inmediatez de unos bene
Joan Ramon Morante es Catedrático de Física en la Universidad de Barcelona y exdirector del IREC (Instituto de Investigación en Energía de Cataluña).
Héctor Santcovsky, sociólogo y politólogo, exprofesor asociado de la Universidad de Barcelona, especializado en desarrollo sostenible.
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