La Comisión Europea (CE) ha anunciado la apertura de una investigación sobre un laudo que obligó a Rumanía a pagar 42,2 millones de euros, más intereses, a diez fondos de inversión que reclamaron a este país el dinero que dejaron de percibir por un cambio en el esquema de ayudas por inversiones en energías renovables.
El caso tiene muchas similitudes con los numerosos pleitos que exigen a España compensaciones por la retirada retroactiva en 2013 de las ayudas a las renovables, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de que Bruselas ya ha advertido en el pasado de que son contrarios a la legislación comunitaria cuando enfrentan a dos Estados miembros.
En ambos casos, los laudos arbitrales han declarado contrarias al Tratado de la Carta de la Energía las modificaciones legales que adoptaron ambos países con respecto a sus esquemas de ayudas a las inversiones en energías renovables.
El laudo en renovables de Rumanía
En el caso rumano, se trataba de un programa de ayudas que fue aprobado en 2011 y modificado en 2013 y 2014. Una decena de fondos de inversión reclamaron compensaciones por el dinero que dejaron de ingresar después de invertir en renovables en el país y un tribunal de arbitraje les dio la razón en 2024.
Rumanía realizó el desembolso de los 42,2 millones de euros más intereses y lo notificó a la Comisión Europea, institución que ahora sospecha que se trata de una ayuda de Estado ilegal contraria a las normas europeas de Competencia.
El argumento del Ejecutivo comunitario se basa en que el laudo arbitral se basaba en una disputa que involucraba sólo a Estados miembros de la UE y, por lo tanto, es competencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y no de tribunales internacionales de arbitraje.
Bruselas ha advertido, sin embargo, de que la apertura de una investigación al respecto no prejuzga el resultado final de la misma.
En cualquier caso, la Comisión Europea ya ha concluido en el pasado, en línea con la jurisprudencia del TJUE, que los arbitrajes dentro de la propia UE para resolver disputas entre Estados e inversores violan reglas fundamentales de la UE sobre la jurisdicción última que tiene el Tribunal de Justicia y el principio de autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión.
De hecho, Bruselas ya analizó el laudo que enfrentaba a España contra la firma luxemburguesa Antin y calificó de "ilegal" que se exija dicha compensación, al tiempo que instó a España a no realizar ningún pago en virtud de aquel laudo.
Odion Testimony
29/07/2026