De la escasez a la consolidación: así ha crecido la infraestructura de recarga pública en España

A 1 de febrero de 2026, la red de infraestructuras de recarga de acceso público en España se situó en 49.450 puntos operativos, según los datos agregados por AEDIVE a partir de los operadores de recarga. La cifra supone un ligero ajuste del 1,1% frente al cierre de 2025, cuando se alcanzó el hito simbólico de 50.000 puntos activos.

Más allá del pequeño retroceso estadístico, el mensaje de fondo es de consolidación: se detecta cierta corrección en los puntos de corriente alterna (AC), mientras la recarga en corriente continua (DC) de alta potencia mantiene la senda de crecimiento, aunque a ritmos algo más moderados que en meses anteriores. Los cargadores ultrarrápidos por encima de 350 kW han aumentado en torno a un 5,4%, y los comprendidos entre 150 y 350 kW lo han hecho algo más de un 4%, mientras que los puntos rápidos de entre 50 y 150 kW siguen sumando capacidad, con incrementos en el entorno del 1,6%.

Este movimiento encaja con la evolución del parque: 2025 cerró con un aumento de algo más del 10% en los puntos operativos y con un salto muy notable en los tramos de alta potencia, que son los que permiten una experiencia de uso comparable al repostaje de combustión en los corredores principales. El resultado es una red que empieza a responder con solvencia a la demanda de viajes de media y larga distancia de los usuarios de vehículo eléctrico.​

Un despliegue muy concentrado geográficamente

La distribución territorial de la infraestructura sigue siendo desigual, aunque se aprecia un avance sostenido en casi todas las comunidades. Cataluña, Madrid y Andalucía continúan como los tres grandes polos de recarga pública, y si se suma la Comunidad Valenciana las cuatro regiones concentran en torno al 60% de todos los puntos operativos del país.​

Esta concentración responde tanto a la mayor penetración del vehículo eléctrico en estos mercados como a la disponibilidad de red eléctrica para soportar potencias elevadas en corredores y zonas urbanas. A la vez, pone sobre la mesa el reto de extender la infraestructura a áreas rurales, ejes secundarios y provincias con menor densidad de población, donde el vehículo eléctrico aún se percibe con más incertidumbre.

AEDIVE ha revisado recientemente su metodología de recopilación de datos incorporando bases de datos europeas de referencia y técnicas de análisis de big data, alineadas con los criterios del reglamento europeo AFIR y con el observatorio EAFO. Esta aproximación permite ofrecer una fotografía más robusta, centrada solo en puntos activos en cada corte temporal, lo que explica que puedan aparecer pequeñas caídas puntuales por averías, tareas de mantenimiento o actualizaciones de potencia.​

Las barreras clásicas

Durante años, la infraestructura de recarga ha sido uno de los principales frenos a la electrificación en España, más por motivos administrativos y regulatorios que por falta de interés inversor. Los operadores denuncian desde hace tiempo la multiplicidad de permisos, licencias y criterios distintos entre ayuntamientos, comunidades autónomas y organismos como la Dirección General de Carreteras, que pueden retrasar la puesta en marcha de un punto de recarga hasta un año.

A esas trabas se suman otros factores: la complejidad de las acometidas de media tensión para cargadores de gran capacidad, el coste de conexión a la red (que en determinadas ubicaciones puede representar una parte muy elevada de la inversión total) y unos niveles de utilización todavía modestos en algunos emplazamientos. Todo ello obliga a los operadores a hilar fino en la elección de localizaciones y en la dimensión de los proyectos, especialmente en zonas menos concurridas donde la rentabilidad tarda más en llegar.

Desde el sector se lleva tiempo reclamando medidas como la declaración de interés estratégico nacional para las infraestructuras de alta potencia, la simplificación de licencias mediante declaraciones responsables o la ampliación de los plazos de concesión en áreas de servicio para hacer viables las inversiones. Aunque se han producido avances normativos y cierta agilización en los últimos años, el cuello de botella administrativo sigue siendo uno de los puntos críticos para acelerar el despliegue.

Del mito del “no hay puntos” a la realidad de 2026

Si miramos la evolución en perspectiva, el escenario de 2026 poco tiene que ver con el de hace apenas tres o cuatro años, cuando España apenas superaba los 8.000 puntos públicos y el discurso dominante era que “no había dónde cargar”. Entre 2023 y 2025 la red casi se ha duplicado, con incrementos que llegaron a rondar el 40% interanual en algunos trimestres y con un foco claro en consolidar la alta potencia en vías interurbanas.

En paralelo, las ayudas europeas y nacionales, junto con la entrada de nuevos actores (desde grandes superficies o empresas de renting) han contribuido a densificar la red y a mejorar la capilaridad en áreas urbanas y periurbanas. El resultado es que, para una parte creciente de los usuarios, la infraestructura ha dejado de ser el principal argumento en contra del vehículo eléctrico y empieza a percibirse como un servicio relativamente maduro en los grandes ejes y áreas metropolitanas.​

La propia AEDIVE subraya que, con la red actual, la capacidad de recarga pública en España es “más que suficiente” para dar respuesta al ritmo de crecimiento de las matriculaciones eléctricas, al menos en el corto plazo. El desafío, a partir de ahora, es tanto cualitativo (fiabilidad, experiencia de usuario, interoperabilidad) como de equidad territorial y social, asegurando que esa infraestructura llega también a quienes no disponen de garaje ni posibilidad de carga privada.​

Los deberes pendientes

Con el despliegue interurbano encaminado, el foco se desplaza hacia la recarga de proximidad, especialmente en aquellos entornos donde muchos conductores no tienen plaza de aparcamiento. AEDIVE insiste en la necesidad de impulsar de nuevo la corriente alterna en entornos urbanos y periurbanos, con más puntos en la vía pública, parkings y centros de actividad diaria.​

Las ciudades tienen aquí un papel decisivo, tanto en la planificación de la red como en la simplificación de trámites y licencias para agilizar la puesta en marcha de nuevas estaciones. Al mismo tiempo, la coordinación con el gestor de red de transporte y las distribuidoras será clave para anticipar refuerzos allí donde la demanda de potencia vaya a crecer, evitando cuellos de botella futuros.​