EEUU pone fin al tedioso retraso en la tramitación de las infraestructuras eléctricas

EEUU está experimentando un crecimiento de la demanda eléctrica sin precedentes en los últimos 50 años, gracias a la expansión de los centros de datos. Sin embargo, la infraestructura de la red eléctrica no está preparada para hacer frente a las necesidades derivadas de esta fuerte expansión.

Muchas líneas de transmisión tienen más de 100 años de operación, mientras que, por otro lado, se requieren entre 5 y 10 años para adquirir los derechos de paso y completar los procesos de obtención de permisos de proyectos de líneas de alta tensión. Además, al igual que está afectando a proyectos de transmisión eléctrica en Europa, los costes de construcción de líneas han aumentado entre un 4% y un 10%.

En EEUU los promotores de proyectos de transporte controlan una enorme cantidad de derechos de paso: 160.000 millas correspondientes únicamente al eje central en el sistema nacional de carreteras y 140.000 millas de red ferroviaria de carga, lo que suma un total de 300.000 millas o 483.000 kilómetros.

Para solucionar el problema burocrático, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos ha propuesto la iniciativa de los Grandes Corredores de Comercio de EEUU (AGCC) el pasado 26 de agosto.

Una propuesta de carácter voluntario en el ámbito federal

La propuesta es muy simple: construir o utilizar túneles subterráneos de entre 1,22 y 2,13 metros de diámetro, con suficiente espacio para albergar desde una línea de alta tensión hasta una de fibra óptica o una tubería de agua. Se propondrían como máximo cinco pasillos al año. El doctor Morteza Farrajian, director ejecutivo de la oficina del Build America, comentaba en su presentación que para las empresas eléctricas simplemente era necesario firmar un contrato de arrendamiento para acceder al espacio.

El doctor añadió como ventajas el hecho de que las franjas objeto de servidumbre están controladas por concesionarias de transporte, por lo que se minimiza el impacto ambiental y se reduce la necesidad de adquirir derechos de servidumbre. Además, el coste de actualizar toda la red podría ser menor, lo que permitiría suavizar la subida de peajes para el uso de la red.

El reto para la administración federal es articular una estructura comercial y financiera, respetando la legislación a nivel de estado y cualquier mecanismo estatal ya existente que permita autorizar estos proyectos. También es necesario un mecanismo de reparto de riesgos, que genere confianza en estas organizaciones y permita llevar a cabo su ejecución.

Un esfuerzo de las agencias federales para hacer posible el proyecto

La administración ha propuesto esta iniciativa para unir a diversas agencias y oficinas federales, y posteriormente establecer colaboraciones con socios estatales y privados mediante asociaciones público-privadas. La prioridad es agilizar los procesos y reducir el papeleo y la burocracia.

Por otro lado, el Departamento de Transporte de los EEUU ya financia hasta el 49% del coste de proyectos de transporte terrestre con el programa tutelado por la Ley de Financiación e Innovación de Infraestructuras de Transporte (TIFIA), a través de créditos blandos y a muy largo plazo. Además, financia también hasta el 100% del coste de proyectos ferroviarios a través del programa de Rehabilitación Ferroviaria y Financiación Mejorada (RRIF). El Departamento de Energía, a través de la Oficina de Financiación para el Dominio Energético, también está participando en esta iniciativa.

Al fin y al cabo, se trata de un esfuerzo financiero destinado a modernizar simultáneamente la red de carreteras y el sistema ferroviario, al tiempo que se facilita el despliegue de nuevas tecnologías, como los sistemas de transporte inteligentes y los vehículos autónomos. Pero también tendría como beneficio un desarrollo industrial a nivel regional, ya que la inmensa cantidad de terrenos circundantes resultarían muy atractiva para diversas industrias, como por ejemplo los centros de datos, ofreciendo ubicaciones cercanas a las vías de comunicación.

Las primeras respuestas a la consulta pública apuntan a un diálogo constructivo

Aunque es muy pronto para sacar conclusiones sobre la propuesta, las primeras respuestas son constructivas y se alienta el diálogo con la administración federal. Después de recibir 104 comentarios en las últimas semanas, el propio Departamento de Transporte lanzó una nueva solicitud de información el viernes pasado sobre temas mucho más concretos que la primera presentación de finales de agosto, temas como la viabilidad técnica, la seguridad durante la construcción y la operación y la aceptación por parte de la comunidad de la propuesta, entre muchos otros.

La Federación de Camioneros Profesionales (FOPT) ha sido la única organización que presentó públicamente un texto el pasado 5 de septiembre, que incluía algunas de sus inquietudes, como, por ejemplo, que el transporte debe seguir siendo el uso principal de la infraestructura. Además, pedía transparencia en cuanto a la titularidad real y el cambio de control de las concesiones a largo plazo, mencionaba la necesidad de tener en cuenta el transporte de mercancías adicional generado por los centros de datos y la actividad manufacturera y pedía que una parte sustancial de los ingresos se reinvirtiera en el transporte.