El Gobierno en funciones vuelve a las andadas para volver a retrasar lo máximo posible los recursos contra la normativa energética. Si antes tardó muchísimos meses para dar a conocer los archiconocidos informes de las consultoras Boston Consulting Group y Roland Berger, el famoso pendrive de 20 GB, en los recursos contra el decreto de retribución a las renovables, ahora le toca el turno a los recursos contra el decreto de autoconsumo.
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, El Tribunal Supremo ha vuelto a llamar al orden al Gobierno, en su caso a la Abogacía del Estado, por no presentar ante el Alto Tribunal la ampliación del expediente administrativo.
El pasado 17 de marzo, el TS ordenó al Gobierno, a petición de los demandantes, que entregara toda la documentación posible sobre las alegaciones que se formalizaron antes de que se aprobara la normativa de autoconsumo, con el famoso 'impuesto al sol'.
El Gobierno en funciones tenía 20 días hábiles para entregar estos documentos. Han pasado más de dos meses y el Supremo, harto de la negativa, ha vuelto a llamar la atención a la Abogacía para que entregue todos los informes.
Según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas inmiscuidas en el caso, el Gobierno tiene que hacer entrega de 35.000 alegaciones que presentaron ciudadanos españoles al Ministerio de Industria. Se enviaron todas por email y por papel para que se tuvieran en cuenta.
Además, cuando el Gobierno entregó la primera documentación incompleta, enviaron varios documentos con errores, que también se volvieron a pedir para poder tener toda la información con la que se aprobó la normativa.
La estrategia del Gobierno en funciones es clara, retrasar lo máximo posible los recursos. Da igual que se desobedezca a la mayor institución judicial del Reino de España, para este Gobierno lo importante es 'torpedear', ganar tiempo. Ya lo hizo con los informes de las consultoras. Hasta la tercera vez que no le llamó el Supremo, no obedeció.
Ahora va por el segundo aviso. El Supremo advierte al Gobierno en la providencia a la que ha tenido acceso este diario que si continúa con este tipo de actuaciones se verá obligado a apercibir legalmente a la Administración, es decir, podría imponerle una multa por desacato a la autoridad. Una decisión que en principio no llega a tomarse porque normalmente el Gobierno estira la goma hasta donde sabe según los procedimientos judiciales.
Tomas Ruano
24/05/2016