El GHG Protocol, marco de referencia utilizado directa o indirectamente por la mayoría de las compañías para calcular sus emisiones, está actualizando su estándar corporativo base, marcos para alcance 2, alcance 3, el nuevo estándar de Sector Terrestre y Eliminaciones, y el futuro marco de Acciones e Instrumentos de Mercado. Para las empresas energéticas e industriales, es importante prepararse pues los sistemas de datos climáticos actuales pueden no ser suficientes para 2027.
En los próximos dos años, muchas empresas descubrirán que su inventario de carbono ya no es suficientemente robusto. No porque hayan cambiado sus emisiones, sino porque están cambiando las reglas para su contabilización.
El GHG Protocol está viviendo su mayor proceso de transformación desde su creación. La alianza con ISO ha reforzado ese proceso. Desde enero de 2026, expertos de ISO participan formalmente en los grupos técnicos del GHG Protocol.
Afecta directamente a cómo se reportarán los PPAs, los certificados renovables, las emisiones de proveedores, las cadenas de valor, los proyectos de bioenergía, las soluciones basadas en la naturaleza y las inversiones en descarbonización más allá de los límites físicos de la empresa.
Del inventario climático al sistema de credibilidad
El cambio más importante no está solo en el cálculo sino en la credibilidad. Hasta ahora, muchas empresas han tratado el inventario de carbono como una obligación anual de reporting. Ahora, el GHG Protocol apunta a algo más exigente: convertir la contabilidad climática en un sistema verificable, comparable y útil para decisiones de inversión, compras, financiación y regulación.
La contabilidad de emisiones está dejando de ser un ejercicio relativamente flexible para acercarse a una lógica más normalizada, más auditable y difícil de maquillar. Ya no basta con reportar; hay que poder demostrar.
Alcance 2: el fin de una comodidad contable
Si tuviera que señalar uno de los cambios más incómodos para muchas empresas, empezaría por este. La compra de electricidad renovable o certificados asociados se ha utilizado de forma generalizada para alcanzar neutralidad en alcance 2. El debate ya no se limita a si una empresa compra electricidad renovable, sino a cuándo, dónde y con qué impacto real se consume esa electricidad.
La posible transición hacia una contabilidad más horaria y regional puede cambiar de forma sustancial cómo se reconocen los PPAs, los certificados de energía renovable y otros instrumentos contractuales. La pregunta dejará de ser: "¿Compramos energía renovable?" Y pasará a ser: "¿Estamos reduciendo emisiones en el lugar y en el momento en que el sistema eléctrico realmente lo necesita?"
Para el sector energético español, esto es especialmente relevante. España tiene una elevada exposición a generación renovable y una cartera creciente de contratos bilaterales. Las empresas que ya cuentan con medición horaria y trazabilidad robusta estarán en ventaja. Las que dependen de certificados anuales desvinculados del perfil real de consumo tendrán que replantear su estrategia de alcance 2 con bastante urgencia.
Alcance 3: el verdadero examen de la cadena de suministro
Si alcance 2 afectará a la relación entre electricidad y credibilidad, la revisión de estas emisiones puede cambiar la relación entre empresa y cadena de suministro.
Entre las propuestas en discusión está exigir que las empresas reporten al menos el 95% de las emisiones requeridas de alcance 3 para cumplir con el estándar, frente a una práctica actual en la que muchas organizaciones siguen operando con coberturas mucho menores. El problema real no son los cálculos. Es conseguir datos primarios fiables, comparables y verificables de proveedores en contextos muy distintos, con capacidades muy desiguales. Ahí es donde se gana o se pierde la credibilidad.
En España veo tres focos de riesgo inmediato. El primero es el sector de construcción e infraestructuras, por la intensidad material y la escasa transparencia de muchas cadenas de suministro. El segundo es el agroalimentario exportador, que ya está sintiendo la presión de clientes europeos sobre las emisiones de proveedores. El tercero son las empresas industriales medianas que suministran a grandes grupos multinacionales y que van a recibir la exigencia de datos primarios de sus clientes mucho antes de que el estándar sea formalmente obligatorio.
Y añadiría algo más: las pymes quedan especialmente expuestas. Con recursos técnicos limitados, tendrán menos capacidad para implantar sistemas de medición con la rapidez que este nuevo contexto va a exigir.
Sector terrestre y eliminaciones: el estándar que muchas empresas aún no han entendido
Publicado en enero de 2026 y vigente desde enero de 2027, el nuevo estándar de Sector Terrestre y Eliminaciones cubre un vacío histórico: cómo contabilizar emisiones y eliminaciones asociadas a agricultura, uso del suelo, productos biogénicos y tecnologías de captura de carbono.
Su importancia va mucho más allá del sector agroalimentario. Afecta a compañías energéticas con proyectos de bioenergía, estrategias de compensación o inversiones en captura y almacenamiento de carbono. El estándar introduce más estructura en un terreno donde durante años ha habido mucha ambigüedad: no todo lo que se presenta como "carbono removido" tiene la misma permanencia, trazabilidad ni integridad ambiental.
Además, el estándar no cubre todavía el sector forestal, para el que se espera un documento específico. Eso añade incertidumbre a compañías que habían dado por sentado que su estrategia de neutralidad estaba razonablemente cerrada.
AMI: el intento de poner orden donde hoy hay mucha confusión
Quizá el cambio más estructural sea el futuro estándar de Acciones e Instrumentos de Mercado, publicado en marzo de 2026 como White Paper con consulta pública abierta hasta el 31 de mayo de 2026.
Su propuesta principal es separar diferentes formas de reportar impacto climático: inventario físico de GEI, inventario basado en mercado, declaración de impacto y métricas no expresadas en CO₂e. Muchas empresas llevan años atrapadas en la misma tensión: cómo comunicar inversiones en descarbonización que ocurren fuera de sus límites físicos sin distorsionar el inventario corporativo. El nuevo marco busca darles un lugar propio, sin mezclarlas indebidamente con el inventario base.
Esto puede ser especialmente útil para el sector energético, donde la transición depende a menudo de instrumentos contractuales, acuerdos de suministro e inversiones que no encajan del todo en la lógica tradicional del inventario físico. Si el estándar se consolida, puede ofrecer una vía más honesta para reconocer acción climática real sin comprometer la integridad contable.
Lo que deberían hacer las empresas españolas ahora
Lo más sensato no es esperar hasta 2027. La preparación tiene que empezar antes de que los estándares finales estén publicados, porque los cambios que se están discutiendo no se resuelven con un ajuste cosmético en el informe anual. Exigen capacidades nuevas de dato, gobernanza y criterio técnico.
La primera prioridad es revisar la calidad de los datos de alcance 2 y alcance 3. Las áreas más débiles suelen estar en electricidad comprada, proveedores estratégicos, transporte, uso de producto, biomasa, categorías difíciles de medir y declaraciones asociadas a instrumentos de mercado.
La segunda es evaluar qué declaraciones climáticas podrían necesitar revisión. Esto incluye neutralidad, energía renovable, emisiones evitadas, eliminaciones de carbono, compensaciones, PPAs y contribuciones fuera de la cadena de valor. Muchas afirmaciones que eran aceptables en un contexto más flexible pueden volverse insuficientes bajo un entorno más granular y más vigilado.
La tercera es participar en las consultas públicas abiertas. El período de consulta del estándar AMI cierra el 31 de mayo de 2026. Las empresas que implementan estos marcos en la práctica tienen una perspectiva que los grupos técnicos necesitan escuchar. Participar ahora no solo permite influir en la redacción futura; también obliga a las organizaciones a entender antes que otros hacia dónde se mueve el sistema.
Después de más de dos décadas trabajando en sostenibilidad corporativa y ayudando a traducir marcos regulatorios en decisiones empresariales reales, no tengo duda de que las empresas que hayan invertido en sistemas de datos, gobernanza interna y diálogo serio con proveedores probablemente encontrarán en este cambio una ventaja competitiva. Las que hayan construido una narrativa climática atractiva descubrirán que el nuevo contexto les exige algo más incómodo: prueba, consistencia y trazabilidad.
Fernanda es asesora sénior en sostenibilidad con más de 25 años de experiencia desarrollando estrategias para empresas e instituciones que buscan avanzar en la descarbonización, la protección de la biodiversidad y la gestión de riesgos ESG.
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