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Recientemente he tenido ocasión de hablar con responsables de Edenor y Edesur, las principales empresas de distribución eléctrica herederas de la anterior prestataria, la empresa del Servicio Eléctrico del Gran Buenos Aires, SEGBA. Se privatizó y segmentó en diversas empresas, cada una de las cuales fue adjudicada a un diferente consorcio internacional en atención a la mejor oferta económica, todo ello en un proceso muy ordenado y transparente.

22 años después de aquel 29 de julio del  1992, las empresas están quebradas. Diversas crisis macroeconómicas en Argentina, continuas interferencias políticas en el sector energético, contención tarifaria que privan a Edenor y Edesur cubrir sus costes operativos, dan como consecuencia que ambas empresas están en situación de patrimonio negativo. Centenares de millones de dólares americanos. Deberían declararse en quiebra técnica, pero ello sería una demostración del fracaso del modelo.

Salvan cada ejercicio gracias a un truco regulatorio que consiste en un apunte en el balance que inyecta suficiente activo para que el auditor les acepte salvar sucesivos ejercicios económicos. El gobierno argentino debe redactar cada año una resolución que ampare esta ficción y así pasan los años, acumulando simulación de solvencia. No es una situación nueva.

Hace 24 años, previo a la licitación de SEGBA, tuve la ocasión de analizar sus libros y constaté que ya tenía contabilizado un importante monto económico, del orden de  centenares de millones de dólares americanos. Las autoridades que preparaban la privatización tranquilizaron a los potenciales compradores explicando que aquella deuda no sería transferida a los ganadores de las privatizaciones. Y así fue, se compró sin este agujero contable.

Décadas después, Argentina ha colocado a empresas privadas en la misma situación en la que estaba SEGBA y será interesante ver como salen de la actual situación. En cualquier caso no será fácil dado el enorme gap entre el precio de los combustibles adquiridos en el mercado internacional y los precios de venta subsidiados a los que compran los consumidores argentinos. Se requerirá tiempo, esfuerzo y voluntad política.

Por dos veces, pues, Argentina se encuentra en esta  situación que en España hemos venido en llamar déficit tarifario. Las razones son las mismas tanto en Argentina como en España: Interferencia política en la fijación de las tarifas a los consumidores finales, incumpliendo al menos dos principios regulatorios el de la suficiencia y el de la separación de actividades.

En España la situación de las empresas no es ni mucho menos tan crítica como en el caso argentino, pero en monto acumulado es muchísimo mayor, unos 40.000 millones de dólares americanos. Ambos, Argentina y España, han incumplido el principio de suficiencia al aceptar que, de forma regulada, los ingresos previstos fueran menores a los costes reconocidos. Con ello, las empresas distribuidoras de electricidad, que son las que sufren de este menor ingreso, caen en situación de pérdidas y se encaminan hacia la insolvencia.

En España esta situación, si bien más grave por el importe del déficit tarifario acumulado, no ha llegado a poner en peligro el patrimonio de las empresas distribuidoras ya que al estar verticalmente integradas, se ha permitido situar la deuda a nivel de las empresas matrices, vulnerando un segundo principio regulatorio, el de la separación de actividades, por el que cada empresa debe presentar sus cuentas y no aceptarse subsidios cruzados.

Las situaciones de España y Argentina no tienen nada que ver. España ha corregido sus fundamentos macroeconómicos y Argentina vive en una ficción económico financiera que puede estallar en cualquier momento. Pero las razones últimas que han conducido al déficit tarifario eléctrico en España y las de Edenor y Edesur, son las mismas: Manipulación de las tarifas eléctricas y desprecio a que el mercado sea el verdadero asignador de recursos. Por ahora, pues, Argentina 2, España 1. ¡Pero el partido sigue!

Jordi Dolader fue vicepresidente de Edenor (1992-1998), es consultorex miembro de la CNE y presidente del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.

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