Política energética

España pide anular un laudo del Ciadi que le impone pagar 15 millones por el recorte a las renovables

Los inversores alemanes de Mathias Kruck reclamaban 67,4 millones por los perjuicios que les ocasionó el recorte de las primas a las renovables en el país

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España ha solicitado la anulación del laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el que se le impuso pagar 15 millones de euros a varios inversores alemanes liderados por Mathias Kruck por el recorte a las renovables, y la ejecución del laudo ha quedado provisionalmente suspendida.

El Ciadi recoge en su página web el registro de esa solicitud de anulación presentada por España en el procedimiento de arbitraje que por este caso se sigue.

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Los inversores alemanes reclamaban 67,4 millones de euros por los perjuicios que les ocasionó el recorte de las primas a las renovables en España, aunque el Ciadi en su resolución sólo les reconoció 15 millones.

La solicitud de anulación de España se produce después de que el pasado 2 de febrero se conociera que el órgano de arbitrajes del Banco Mundial había exonerado a España de abonar 175 millones de euros que reclamaban la empresa suiza EBL y la española Tubo Sol PE2 SL como indemnización por los recortes a las renovables en 2013.

Los recortes a las renovables en España

En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy culminó una reforma legislativa que redujo la rentabilidad prevista para la inmensa mayoría de las instalaciones renovables en régimen regulado, un recorte retributivo destinado, junto con otras actuaciones, a atajar el déficit de tarifa del sistema eléctrico.

El Tribunal Supremo y el Constitucional rechazaron los recursos presentados por los inversores nacionales contra esa rebaja de la rentabilidad, pero algunos inversores internacionales acudieron a las cortes de arbitraje, muchos al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, y denunciaron al Reino de España.

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El Ministerio para la Transición Ecológica dice que ha constatado que, tras la aprobación de medidas compensatorias en 2019, se han frenado las reclamaciones por ese cambio del régimen retributivo y las indemnizaciones siguen una tendencia descendente.

Por ejemplo, el fondo galo Antin ha desistido voluntariamente de iniciar nuevos arbitrajes contra España dentro del proceso de opa sobre la compañía de energías renovables española Opdenergy.

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en total se han presentado 52 arbitrajes en distintos tribunales, sobre todo en el Ciadi, y se han dictado 34 laudos.

Además, tres demandantes han desistido acogiéndose al marco del real decreto-ley 17/2019, que regula la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables.

Hasta el momento, las reclamaciones han ascendido a más de 10.635 millones de euros, de las que se han reconocido 1.703 millones.

En los laudos que otorgan una indemnización a inversores internacionales provenientes de un Estado miembro de la Unión Europea, España ha solicitado su anulación al entender que no cabe el arbitraje intraeuropeo al amparo del Tratado de la Carta de la Energía por ser contrario al derecho comunitario.

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