El Gobierno de la primera ministra italiana Giorgia Meloni apuesta por doblar el brazo de Bruselas y conseguir que se adelante a 2025 --inicialmente está prevista para 2026-- la revisión de la agenda medioambiental que contempla la prohibición de la venta de coches de combustión en el Viejo Continente para 2035.
En un esfuerzo conjunto con la República Checa, Roma quiere que el resto del bloque comunitario reconozca una "gama más amplia" de soluciones a la movilidad más allá de los vehículos eléctricos de batería y los coches de hidrógeno, de lenta adopción en el territorio.
"La industria se encuentra en una coyuntura crítica, enfrentándose a importantes desafíos relacionados con la producción, el empleo y la competencia global, que requieren una acción urgente y coordinada a nivel europeo", recoge el borrador del escrito preparado por el Ejecutivo italiano adelantado por Bloomberg.
En el documento, aún sujeto a cambios, se admite que la competitividad de la Unión Europea y, en especial, de la industria del automóvil "debe seguir siendo un eje de la política industrial" común.
Mientras tanto, la industria automovilística europea lucha por cumplir sus objetivos de la agenda climática europea en plena ofensiva de la competencia china y la caída de la demanda de coches eléctricos por parte de los consumidores. Además, la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses también ha hecho temer la imposición de aranceles adicionales a las exportaciones en un futuro próximo, en particular para los fabricantes alemanes, que envían más vehículos a Estados Unidos que a cualquier otro país.
A día de hoy, la Comisión Europea, que encabeza Ursula Von der Leyen ya se ha comprometido a crear una excepción para los coches que funcionan con los e-fuels, que se fabrican utilizando dióxido de carbono capturado y electricidad renovable.
Frente contra las sanciones
La posible ofensiva de Roma sobre Bruselas llega en un momento en el que los gobiernos nacionales se revuelven contra el Gobierno de la Unión Europea. El pasado martes Francia admitió estar negociando con varios Estados miembro la creación de un frente común para evitar la aplicación de sanciones a los fabricantes de automóviles que incumplan con los objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono en 2025.
Desde 2019, el reglamento europeo bautizado como 'CAFE' prevé una trayectoria de reducción de las emisiones de dióxido de carbono de los coches vendidos en los diferentes mercados comunitarios que conducirá a la prohibición de facto en 2035 de las nuevas matriculaciones de coches de combustión.
De aquí a unos meses, en enero de 2025, Bruselas ya ha anunciado que empezará a aplicar esta normativa, lo que en la práctica requerirá una reducción de las emisiones del 15% respecto a los niveles previos a 2020, lo que supone tener que vender en apenas ocho semanas un coche eléctrico por cada cuatro térmicos.
Las proyecciones varían en cuanto al montante total de las sanciones que tendrían que terminar pagando los fabricantes que no cumplan con estas cuotas de ventas. La industria calcula que estaría entre los 10.000 y los 16.000 millones de euros.
Sin embargo, fuentes del mercado aseguran a Europa Press que en su escenario central, el impacto potencial podría limitarse a los 5.100 millones de euros.
En este contexto, se antoja previsible el apoyo de los países de Europa del Este a la iniciativa francesa. Rumanía, por ejemplo, bastión de Dacia (grupo Renault), sin coches eléctricos de batería en su catálogo, salvo el Spring importado de China, considera que la hoja de electrificación europea es demasiado agresiva. Italia y la República Checa también podrían estar a favor de esta nueva revisión.
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