Una corte de apelaciones de los Estados Unidos aceptó la solicitud de Argentina de suspender las acciones orientadas a ejecutar una sentencia en contra del país suramericano en el millonario litigio por la nacionalización de la petrolera YPF hasta tanto se dicte una sentencia de fondo en el caso.
Fuentes oficiales informaron que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos aceptó este miércoles la solicitud de emergencia presentada por Argentina para suspender el proceso de ‘discovery’ (descubrimiento de pruebas) orientado a ejecutar una sentencia en contra del país dictada en 2023 por la jueza superior del distrito de Nueva York Loretta Preska.
El tribunal de alzada suspendió el proceso de ‘discovery’ a la espera de la resolución de la apelación presentada por Argentina contra el fallo condenatorio por 16.000 millones de dólares.
Poco después de conocerse la decisión, el presidente argentino, Javier Milei, describió la medida como "histórica y sin precedentes".
«Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país», expresó en un comunicado, y subrayó que la resolución «refleja el reconocimiento por parte de la Justicia de los Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina».
La nacionalización de YPF
La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51% de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.
El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando la firma británica Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.
Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionaria del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.
Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
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