La patronal de recarga ultrarrápida reclama seguridad regulatoria para desbloquear la electrificación

La Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) ha advertido de que el desarrollo de la infraestructura de recarga en España sigue enfrentándose a retrasos que pueden alcanzar hasta los 36 meses, especialmente en los procesos de conexión a la red y tramitación administrativa.

"Esta situación dificulta acompasar el ritmo inversor con el crecimiento del vehículo eléctrico y limita la capacidad del sector para anticiparse a la demanda futura", ha advertido la patronal durante las primeras Jornadas Parlamentarias en el Congreso de los Diputados.

Durante la apertura de la jornada, el presidente rotatorio de AORU y CEO de Electra, Bastien Verot, ha situado el debate en un contexto más amplio de política energética e industrial, recordando que España destina cada año cerca de 40.000 millones de euros a la importación de petróleo y gas.

"La electrificación del transporte no es solo una transición ecológica, es también una decisión de soberanía energética, de competitividad industrial y de poder adquisitivo para los ciudadanos. Tenemos la oportunidad de aprovechar nuestra capacidad de generación renovable y reducir una dependencia que nos debilita como país", ha expresado.

El despliegue de la recarga ultrarrápida

La asociación considera que España mantendrá su liderazgo en producción de vehículos en función de su capacidad para alinear la electrificación del parque móvil con el desarrollo efectivo de la infraestructura de recarga, en un entorno en el que la inversión ya está comprometida, pero requiere condiciones que permitan su ejecución.

En el marco del debate sectorial, los participantes han coincidido en que la recarga ultrarrápida debe integrarse como parte estructural del sistema de movilidad eléctrica y no como un elemento accesorio. Asimismo, han destacado la existencia de una brecha entre la percepción del usuario y la realidad de la red disponible, que en algunos casos, sigue condicionando la adopción del vehículo eléctrico.

Por su parte, la directora de Industria y Medioambiente de Anfac, Arancha García, ha subrayado que se necesita "avanzar en cantidad, calidad y capilaridad en el despliegue de la infraestructura de recarga". "Los fabricantes no lo podemos conseguir solos. La iniciativa pública y privada deben ir de la mano", ha añadido.

En la misma línea, Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Movilidad Sostenible del IDAE, ha insistido en que "hay que seguir invirtiendo en la red de transporte y distribución, pero también utilizar de forma más eficiente la red existente", evitando acaparamientos y duplicidades en el acceso y la conexión, y fomentando la flexibilidad, el almacenamiento, la digitalización y la transparencia del sistema.

Charging4Impact

En este marco, AORU ha presentado el manifiesto Charging4Impact, con el que plantea una hoja de ruta orientada a facilitar el desarrollo del sector y a acompasar el ritmo inversor con las necesidades de electrificación del transporte.

El documento pone el foco en la necesidad de introducir mayor previsibilidad y seguridad regulatoria en el desarrollo de los proyectos, especialmente en lo relativo a los procesos de conexión a la red eléctrica y a la coordinación entre los distintos niveles administrativos.

En este sentido, el sector considera prioritario trabajar por la implementación de seis medidas urgentes para acelerar su desarrollo, como son la concreción de plazos vinculantes para que las distribuidoras eléctricas respondan a las solicitudes de conexión en un máximo de 30 días hábiles (acompañado de un sistema de sanciones por su incumplimiento), transparencia en la red, fin de las denegaciones opacas o dotar de mayor certidumbre a los incentivos.

Desde el ámbito institucional, el director general del IDAE, Miguel Rodrigo, ha apuntado a la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo del marco normativo existente, diferenciando entre la adopción de nuevas medidas y la correcta aplicación de las ya aprobadas.