Las seis propuestas del sector de la biomasa que piden a los partidos políticos que lleven en sus programas electorales

La biomasa es uno de los sectores que más se ha visto perjudicado con la reforma eléctrica. Han desaparecido centenares de plantas, y con ellos decenas de miles de puestos de trabajo. Se podría decir que ha sido el hermano pequeño, feo y malo de las renovables en España. Y eso que las posibilidades de este sector en nuestro país son casi infinitas. Pero no se le ha prestado la atención que debiera, según dice la Comisión Europea.

Es por ello, que la Unión por la Biomasa, donde son miembros asociaciones como APPA Biomasa, Asaja, Coag o la UPA, reclama una serie de cambios normativos que hagan desarrollar el sector en la próxima legislatura y cumplir así los objetivos que exige Bruselas.

La Unión por la Biomasa ha elaborado un documento en el que propone una serie de medidas para que los partidos políticos las tengan en cuenta en las próximas elecciones y las lleven en sus programas electorales. Las seis medidas que propone esta asociación son:

• Creación de una Comisión Interministerial permanente, con representación o participación periódica de las CC.AA. y del sector (para cumplir con los principios de gobernanza participativa), en la que se aborde el desarrollo del sector español de la biomasa en su conjunto, desde los ámbitos energético, agrícola, forestal, ganadero, industrial, medio rural y siempre en concordancia con los gobiernos autonómicos y sus políticas. Debe establecerse con urgencia un marco normativo específico que, adicionalmente a la consideración de energía renovable dentro del conjunto de tecnologías limpias, reconozca las singulares aportaciones sociales, económicas y medioambientales que esta energía limpia genera en los sectores agrícola, ganadero y forestal, en especial su singular capacidad de creación de empleo y los ahorros que induce en compra de emisiones difusas de GEI y en prevención de incendios forestales.

• Compromiso sobre la consecución de los objetivos 2020 a través de un apoyo sostenido al sector. La promoción de las biomasas debe ser un objetivo prioritario de las políticas públicas y por tanto debe rectificarse lo antes posible la dura moratoria impuesta, máxime cuando es la única renovable que no solo no alcanzó los objetivos asignados en el anterior Plan de Renovables 2005-2010 sino que actualmente aún se encuentra lejos de alcanzar los objetivos del Plan 2011-2020. Asimismo las convocatorias de potencia no deberían constituir hitos aislados, sino establecerse periódicamente, permitiendo un desarrollo ordenado del sector y la consecución de los objetivos establecidos para el mismo.

• Compatibilidad entre desarrollo del sector térmico y el sector eléctrico: óptimo. No debe abandonarse el desarrollo de la vertiente eléctrica del sector aduciendo que se está apoyando la vertiente térmica, sino que debe apoyarse el desarrollo de un mercado consolidado de combustibles biomásicos en España independientemente de cual sea el uso que se dé a la energía que se genere a partir de los mismos (bien sea termoeléctrica o térmica), tal y como se ha hecho con otros combustibles tradicionales (se han establecidos las estructuras necesarias para implementarlos en España independientemente de si se han empleado para generar electricidad o calor). Lo contrario generará importantes disfunciones que impedirán un adecuado desarrollo del sector en España.

• Potencial contribución a la reindustrialización de España. No tiene ningún sentido, ni económico ni político, desde el punto de vista del desarrollo armónico de los distintos territorios del país, continuar sin apoyar explícitamente a la industria de la biomasa. La ausencia de un marco propicio para el desarrollo del sector a todos los niveles (institucional, político-normativo, etc.) está impidiendo que la importante generación de empleo y de actividad económica que se induce intrínsecamente al tejido industrial que se desarrolla asociado a las instalaciones de biomasa, sea una realidad a nivel local, regional y autonómico.

• Coherencia entre las políticas que se implementen en materia energética, medioambiental y fiscal. Los objetivos establecidos tanto en el ámbito de la gestión de residuos como en el ámbito de las emisiones, suponen una correcta gestión de los residuos biodegradables. Actualmente, gran cantidad de estos residuos tienen como destino el vertido, constituyendo una potencial fuente de contaminación de suelos y de emisión de metano, lo cual supone una contribución relevante a elevar las denominadas emisiones difusas de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la directiva europea de residuos establece una jerarquía en la que prevalece el reciclaje y la valorización energética ante el vertido, que debe ser la última opción de gestión. Los procesos de biometanización producen tanto biogás -que se valoriza energéticamente- como fertilizantes, los cuales, en coherencia con dicha jerarquía, sustituyen combustibles fósiles y fertilizantes químicos. Es imprescindible que las políticas energéticas relativas a la biomasa se desarrollen siempre en congruencia con los objetivos medioambientales. Asimismo, las políticas fiscales deberían incentivar o, en cualquier caso, no penalizar las actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos biomásicos.

• Fomento de un mercado de biomasas nacional, que aglutine a los micromercados existentes en la actualidad. Para lo cual debe actualizarse la legislación vigente con competencias en los ámbitos de la cosecha y la logística de las biomasas, pues hasta ahora no ha propiciado la existencia de un verdadero mercado consolidado a nivel nacional de aprovisionamiento de combustibles biomásicos. Esta revisión legislativa supondría introducir cambios en la estructura orgánica de las administraciones públicas competentes (agricultura, medioambiente, entre otros) tanto a nivel nacional (ministerios) como a nivel autonómico (consejerías), con objeto de evitar la actual dispersión competencial y las lagunas de intervención administrativa sobre los ámbitos señalados. Con este apoyo institucional, se dotaría a los agentes del sector del conocimiento técnico-económico necesario, de la misma forma que se ha adquirido en los ámbitos del cosechado y la logística de otras materias primas.