Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido a la Comisión Europea una "respuesta coordinada" y "sin demora" con medidas "temporales y específicas" para contener el encarecimiento de los combustibles y abaratar la electricidad, en un esfuerzo por frenar el impacto del conflicto en Oriente Próximo en los precios de la energía.
En las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, los líderes han subrayado que la escalada está teniendo un "impacto inmediato" en los precios energéticos para ciudadanos y empresas europeas, en un contexto marcado por las tensiones en la región y las amenazas sobre rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz.
Por ello, los Veintisiete han pedido a la Comisión que presente una "caja de herramientas" con medidas urgentes para actuar "en todos los componentes del precio de la electricidad" con el objetivo de facilitar un abaratamiento a corto plazo, aunque teniendo en cuenta las distintas situaciones nacionales y sin poner en riesgo las señales de inversión necesarias para las energías renovables y bajas en carbono.
En este contexto, los líderes europeos han reabierto el debate sobre el papel del sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), al que señalan como uno de los factores que inciden en la factura energética, junto al coste de los combustibles o los impuestos.
Aunque el Consejo Europeo mantiene por ahora el calendario previsto para su revisión, fijada para julio de este año, la discusión ha evidenciado una creciente división entre los Estados miembro sobre hasta qué punto debe flexibilizarse el sistema ante la subida de los precios energéticos.
Divisiones
Por un lado, países como Italia, Polonia o Alemania defienden introducir ajustes para aliviar el impacto sobre la industria y los consumidores, en algunos casos planteando también medidas como rebajas fiscales o ayudas a sectores intensivos en energía.
Frente a esta posición, otros como España, Portugal o los nórdicos aboga por preservar el ETS como instrumento central de la política climática europea, al considerar que debilitarlo podría poner en riesgo la transición energética y aumentar la dependencia de los combustibles fósiles.
"España va a defender, como ha defendido junto con otras naciones y otros gobiernos europeos, de todas las familias políticas, la necesidad no de debilitar, sino de aumentar y fortalecer las políticas energéticas verdes, que no solamente nos permiten responder ante ese desafío que sufre la humanidad, que es el cambio climático, sino también nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos", ha remarcado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su llegada a la reunión.
En esta línea, ha advertido de que algunos ejecutivos están aprovechando la crisis para "poner en cuestión" las políticas climáticas y ha defendido reforzarlas como parte de la solución. "Creo que España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética, de cómo esa apuesta por las renovables, están haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores", ha insistido.
Lo que está por ver es de qué manera se afronta la revisión de este mecanismo al que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, atribuye un papel clave en la reducción de emisiones industriales y sobre el que reconoce la necesidad de preservar sus logros.
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