Los límites del crecimiento: cómo gestiona Malasia el auge de los centros de datos

Malasia se prepara para un fuerte aumento de la demanda eléctrica impulsado por la expansión industrial, la digitalización y, especialmente, por el crecimiento de los centros de datos. Convertido en uno de los principales destinos del Sudeste Asiático para estas instalaciones, el país empieza a enfrentar limitaciones físicas en infraestructura y recursos, según un reciente informe de Aurora Energy.

El 24 de febrero de 2026, el primer ministro Anwar Ibrahim anunció que el gobierno ha estado limitando durante los últimos 18-24 meses la construcción de centros de datos que no estén vinculados a inteligencia artificial, debido a preocupaciones sobre la seguridad del suministro de electricidad y agua. Garantizar energía fiable para este sector requerirá no solo añadir capacidad de generación, sino también invertir en refuerzos de red y en plantas capaces de cubrir picos de demanda.

Quien causa el coste, paga

Estos desarrollos tienen implicaciones de coste dentro del marco regulatorio energético de Malasia, basado en un sistema de regulación por incentivos. Las recientes reformas tarifarias incluyen una categoría específica de ultra-alta tensión para centros de datos, aplicando el principio de “quien causa el coste, paga”: los grandes consumidores que impulsan la expansión del sistema deberán asumir parte proporcional de los gastos.

Al mismo tiempo, la presión de clientes e inversores está llevando a las empresas —especialmente centros de datos— a asegurar suministro de energía renovable a largo plazo. Los contratos de compra de energía solar (PPA) se presentan como una vía para cumplir objetivos de descarbonización y estabilizar costes.

En este contexto surge el Corporate Renewable Energy Supply Scheme (CRESS), un programa que permite a las empresas comprar electricidad renovable directamente a desarrolladores privados, manteniendo la estabilidad del sistema eléctrico. Los proyectos anunciados bajo este esquema suman ya unos 4 GW de capacidad. Los contratos suelen extenderse hasta 21 años.

Tarifa por el uso de la red

Sin embargo, los participantes deben pagar un System Access Charge (SAC), una tarifa por utilizar la red eléctrica nacional. Aunque el desarrollador paga formalmente este cargo, su coste suele trasladarse a las negociaciones del PPA, influyendo en el precio final de la electricidad renovable.

El problema para inversores y empresas es la incertidumbre sobre la evolución futura del SAC. El regulador puede revisarlo cada tres años, con incrementos potenciales de hasta el 15% en cada revisión. Esto introduce riesgo en contratos a largo plazo y puede complicar el cierre financiero de proyectos.

Según estimaciones basadas en modelos del sistema eléctrico, el SAC podría situarse en torno a 200-220 ringgit por MWh (43-45 € /kWh). Si aumenta la penetración de energía solar, podría subir entre un 10% y un 20%, superando el nivel previo de 250 ringgit/MWh.

Para analistas e inversores, la clave es tratar el SAC no como un cargo administrativo imprevisible, sino como un resultado de factores del sistema eléctrico: crecimiento de la demanda, expansión de la red, capacidad de generación necesaria y evolución de los combustibles.

En definitiva, el programa CRESS busca equilibrar dos objetivos: impulsar la transición renovable y atender la creciente demanda de grandes consumidores como los centros de datos. A medida que se expande la economía digital del país, una mayor transparencia analítica sobre los costes regulados será crucial para convertir las políticas energéticas en inversiones viables y sostenibles.