Red y estabilidad del sistema: ejes de la tercera revisión de la planificación eléctrica 2021-2026

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sometido a audiencia la tercera propuesta de modificación de aspectos puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021–2026, con un plazo de alegaciones abierto del 22 de mayo al 11 de junio de 2026. La iniciativa se inserta en el plan de red aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2022, que ya había sido objeto de dos modificaciones puntuales anteriores, en abril de 2024 y julio de 2025.

La propuesta encuentra fundamento en el artículo 4.5 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que permite introducir modificaciones puntuales en la planificación vigente en determinados supuestos excepcionales, a propuesta del operador del sistema y gestor de la red de transporte.

En términos regulatorios, la nueva revisión confirma una tendencia cada vez más visible: la planificación de red está dejando de operar como un elemento esencialmente programático para convertirse en una herramienta de ajuste continuo ante necesidades sobrevenidas de integración renovable, operación segura del sistema y eficiencia económica.

Problemas técnicos

La motivación de la propuesta resulta particularmente significativa dado que, según la documentación sometida a audiencia, el operador del sistema ha identificado que la concentración de nueva generación fotovoltaica en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha ha provocado flujos eléctricos Sur-Norte superiores a los contemplados en el escenario originario de planificación. Esa evolución habría intensificado la necesidad de recurrir al mecanismo de restricciones técnicas y al acoplamiento de grupos de ciclo combinado para atender exigencias de control dinámico de tensión y estabilidad oscilatoria, así como determinadas necesidades vinculadas a la operación de las interconexiones con Francia.

La relevancia de este diagnóstico no es únicamente técnica, dado que el propio MITECO vincula la propuesta con la necesidad de reducir el uso del mecanismo de restricciones técnicas, cuyo coste se situó en 3.351 millones de euros en 2025. La cuestión de fondo es clara: el despliegue de nueva capacidad renovable exige no solo procedimientos de autorización y acceso, sino también una red y unos recursos de sistema capaces de absorber esa generación en condiciones de seguridad y eficiencia razonable para el mercado.

Desde esa perspectiva, la propuesta incorpora actuaciones dirigidas a reforzar el comportamiento dinámico de la red de transporte y a reducir los costes asociados a su operación. En particular, el MITECO prevé la incorporación de cuatro compensadores e-STATCOM, destinados a mejorar la amortiguación frente a oscilaciones interárea, así como la incorporación de 28 reactancias y la renovación de otras cuatro, con el fin de reforzar el control de tensión. Según los cálculos del operador del sistema recogidos por el Ministerio, estas actuaciones permitirían un ahorro anual superior a 150 millones de euros en el caso de los e-STATCOM y superior a 250 millones de euros en el de las reactancias.

Junto a ello, la propuesta contempla diversas actuaciones en subestaciones y posiciones de la red de transporte relacionadas con elementos ya considerados en la segunda modificación puntual aprobada en 2025, a fin de cubrir necesidades surgidas durante su implementación técnica. El MITECO cifra la inversión asociada a esta tercera revisión en 607 millones de euros y señala que, una vez incorporada, la inversión total del plan con horizonte 2026 ascendería a 8.810 millones de euros.

Adecuar la red para el futuro

Desde un punto de vista jurídico-regulatorio, la propuesta confirma que la planificación de la red de transporte ha adquirido una centralidad creciente en la ordenación material de la transición energética. La modificación aprobada en 2024 ya había incorporado 73 actuaciones orientadas a facilitar proyectos estratégicos de descarbonización, hidrógeno, renovables y cadena de valor industrial. La iniciativa ahora sometida a audiencia se sitúa en un plano distinto, aunque complementario, siendo el de la operación eficiente del sistema y la reducción de los costes sistémicos derivados de la integración renovable.

En este contexto, la propuesta proyecta una idea especialmente relevante para los operadores del sector: la suficiencia regulatoria del despliegue renovable ya no depende únicamente de la simplificación administrativa o de la disponibilidad formal de capacidad de acceso, sino también de la adecuación de la red y de los medios técnicos necesarios para integrar el nuevo mix de generación sin generar ineficiencias operativas crecientes. La red pasa así a ocupar una posición central no solo en el plano técnico, sino también en la valoración jurídica y económica de los proyectos energéticos.

Para promotores e inversores, la propuesta constituye un recordatorio de que la evolución regulatoria del sector no puede analizarse exclusivamente desde la óptica de autorizaciones, acceso y conexión o evaluación ambiental. La robustez de la red de transporte y la disponibilidad de instrumentos que permitan limitar la exposición del sistema a restricciones técnicas y a costes extraordinarios de operación inciden de forma directa en la viabilidad económica y en el perfil de riesgo de los proyectos renovables.

La iniciativa presenta igualmente interés para consumidores de elevada intensidad energética e industria. El MITECO justifica expresamente la inversión por su capacidad para reducir el coste final de la electricidad, al disminuir la utilización de centrales de gas para la prestación de determinados servicios técnicos y, con ello, las importaciones de combustibles fósiles y las emisiones asociadas. La modificación no se presenta, por tanto, únicamente como una medida de refuerzo técnico, sino también como una actuación con proyección sobre la eficiencia económica del sistema eléctrico.

En suma, aunque formalmente se articule como una modificación puntual, la propuesta tiene una relevancia material que conviene no subestimar. El texto sometido a audiencia pone de relieve que el reto regulatorio ya no reside solo en seguir incorporando capacidad renovable, sino en acompasar ese crecimiento con una infraestructura y unos instrumentos de operación capaces de integrarlo en condiciones de estabilidad, seguridad y eficiencia.

Habrá que seguir, por tanto, la evolución de esta tramitación y, en particular, el eventual grado de consolidación de una línea regulatoria en la que la red de transporte, la flexibilidad del sistema y la gestión de costes sistémicos ocupen un lugar cada vez más central en la ordenación del proceso de transición energética en España.

Luis García es socio de Clyde & Co