El sector de la biomasa nacional ha recibido con la Orden TED/526/2024 un grave revés que aboca al cierre a cientos de empresas y pone en riesgo más de 30.000 empleos. Tras meses operando a pérdidas por un retraso en la aprobación de la metodología del cálculo de su retribución, las cifras publicadas poco tienen que ver con la realidad del sector.

La Orden reconoce un incremento de los costes de operación y mantenimiento del 3% en los últimos tres años, cifra inferior incluso al IPC, cuando estos costes se han incrementado de forma real en más de un 40%. En particular, el coste de adquisición de la tonelada de biomasa reconocido por la orden, 58 euros, es muy inferior al coste real de 70 euros. La diferencia, superior al 20%, aboca a cientos de pequeñas y medianas empresas al cierre, incapaces de financiar sus pérdidas operativas, y pone en grave riesgo más de 30.000 empleos y actividades del mundo rural como la gestión de residuos agrícolas y ganaderos o la prevención de incendios al no recogerse la biomasa forestal sobrante.

“La biomasa es una tecnología de generación que puede funcionar las veinticuatro horas del día y juega un papel crucial en la valorización de residuos agrícolas y ganaderos, así como en la limpieza de bosques, algo fundamental de cara al verano, por lo que no se entiende la decisión del Ministerio, que arrastra a las empresas a su restructuración o incluso al cierre, provocando un efecto dominó sobre los proveedores”, afirma José María González Moya, Director General de APPA Renovables. “Como sector, reclamamos al MITERD que actualice con urgencia los parámetros, reconociendo los costes reales que enfrenta esta tecnología”, ha reclamado González Moya.

Los costes de la biomasa

En un entorno económico gravemente inflacionista, la Orden TED/526/2024 sólo reconoce un 3% de incremento en los costes de operación y mantenimiento, cifra inferior a la variación del IPC en los últimos 3 años, cuando la realidad es que estos costes asociados a la generación eléctrica con biomasa se han disparado por encima del 40%.

El coste de adquisición de la biomasa ha experimentado un fuerte incremento en los últimos años, dado que debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a las sanciones posteriores de la Unión Europea, el gas ha experimentado precios récord. La biomasa supone un combustible alternativo al gas, por lo que el precio de la tonelada se ha revalorizado con fuerza hasta más de 70 euros por tonelada. Sin embargo, la Orden sólo reconoce un coste de 58 euros. La diferencia, de más del 20%, implica pérdidas operativas para las centrales de biomasa.

Graves consecuencias para las empresas

Cientos de pequeñas y medianas empresas ven con esta Orden cómo se mantendrá la situación de los últimos meses, en los que las plantas han estado operando a pérdidas. Hasta el momento, la regulación actual consideraba aún los precios de mercado eléctrico elevados de años anteriores, cuando los ingresos actuales por mercado de estas instalaciones se han desplomado.

“El precio medio en 2022 fue de 167,52 €/MWh y, en ese escenario, se estimó que las centrales recibirían en el futuro alrededor de 110 €/MWh del mercado, lo que llevó a reducir otros componentes de su retribución, fiando todos los ingresos a un mercado que se ha desplomado. Ahora se han actualizado los parámetros, pero los valores aprobados distan mucho de los precios y costes reales, prolongando la agonía de estas empresas”, explica José María González Moya, Director General de APPA Renovables.

El pasado mes de abril, el precio medio del mercado fue de 13,67 €/MWh, cuando estas centrales invierten entre 85 y 95 euros solo en combustible por cada MWh generado. “La biomasa es una tecnología rentable si vemos todos los beneficios: generación de empleo, fijación de población rural, gestión de residuos agrícolas y ganaderos, disminución del riesgo de incendios… Pero los parámetros aprobados no compensan ni la situación actual del mercado eléctrico ni el coste real de adquisición de la biomasa”, ha concluido González Moya.

Riesgo en los empleos vinculados al rural

Las empresas del sector no serían las únicas afectadas. Adicionalmente a los más de 30.000 empleos del sector biomásico, la operación de las plantas es fundamental para valorizar residuos agrícolas, ganaderos y forestales que permiten la supervivencia de actividades tradicionales en el mundo rural.

Especialmente graves para el medio ambiente serían tanto la no valorización de la biomasa de podas municipales y jardines como la gestión de los residuos forestales. En el caso de las podas, debido al fenómeno de la metanización, las emisiones son 21 veces superiores. La situación de los residuos forestales es crítica ante este escenario, especialmente porque se avecinan los meses de más calor y, por tanto, de mayor riesgo de incendio.