El Partido Socialista portugués exige al Gobierno de Luis Montenegro toda la documentación sobre la compra por el Estado del 13,7% de Redes Energéticas Nacionais (REN) a Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, por 389,8 millones de euros, al considerar que el precio incluyó una prima injustificada superior a 50 millones.
La transacción supuso la salida completa de la compañía portuguesa del fundador y principal accionista de Inditex, propietaria de Zara, y el regreso del Estado al capital del operador de las redes de transporte de electricidad y gas doce años después de la privatización de su última participación.
Parpública, la sociedad que administra las participaciones empresariales del Estado portugués, adquirió a Pontegadea 91.723.676 acciones de REN por 4,25 euros cada una, según la documentación remitida al Tribunal de Cuentas.
El precio total ascendió a unos 389,8 millones de euros e incorporó una prima cercana al 15% respecto de la cotización media ponderada por volumen de las acciones durante los seis meses anteriores.
La diferencia entre el precio pactado y ese valor bursátil de referencia se aproxima a los 51 millones de euros, aunque no constituye un pago separado o un derecho especial reconocido a Pontegadea.
Pontegadea y los socialistas
El PS quiere aclarar, entre otras cuestiones, si fue el Gobierno quien se dirigió a Pontegadea para recuperar la participación o si fue la sociedad de Ortega la que tomó la iniciativa de venderla.
Perestrello criticó que Portugal haya pagado ahora 389,8 millones por el 13,7% de REN después de que el Estado vendiera en 2014 su último 11% por unos 157 millones.
El PS también presentará un proyecto de ley para reforzar los controles sobre la compra de activos por el Estado y otras entidades públicas.
La formación quiere que esas operaciones necesiten un estudio de viabilidad económica y financiera, una fundamentación técnica y política y, al menos, dos valoraciones independientes.
Prima del 15%
La documentación del expediente indica que Pontegadea planteó inicialmente una prima de entre el 17% y el 20%, que finalmente quedó situada alrededor del 15,3%.
El despacho que autorizó la operación fijaba un precio máximo de 4,28 euros por acción y una inversión límite de 392,58 millones, frente a los 4,25 euros y los 389,8 millones finalmente pagados.
Entre los argumentos económicos figura el historial de distribución de dividendos de REN, cuya rentabilidad por dividendo se situó alrededor del 5% en 2025.
El Tribunal de Cuentas autorizó la operación el pasado 31 de agosto y notificó su decisión a Parpública el 1 de septiembre, lo que permitió ejecutar la compraventa acordada con Pontegadea el 14 de agosto.
El organismo fiscalizador puntualizó, no obstante, que su análisis se limitó a verificar la legalidad y la regularidad financiera de la adquisición y que no evaluó el mérito, la oportunidad o la conveniencia de la decisión política.
El tribunal señaló además que en el expediente recibido no figuraban acreditados posibles documentos sobre las negociaciones mantenidas entre las partes.
El Estado quiere llegar al 20%
La compra a Pontegadea es solamente la primera fase de un plan más amplio. Un despacho conjunto de los ministerios de Finanzas y de Medio Ambiente y Energía, fechado el 6 de julio, encargó a Parpública adquirir hasta el 20% de REN.
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