¿Son los coches chinos una amenaza para la cyberseguridad?

El avance imparable de los vehículos eléctricos chinos en el mercado europeo, que ha sacudido los precios y acelerado la transición hacia la movilidad cero emisiones, enfrenta ahora un obstáculo inesperado: las dudas sobre su fiabilidad en materia de ciberseguridad y soberanía de datos.

En un panorama marcado por la interconexión digital y las tensiones geopolíticas, gobiernos como el polaco y el británico han iniciado medidas para limitar su presencia en áreas sensibles, mientras la Unión Europea evalúa cómo regular estos "dispositivos móviles de vigilancia potencial". Esta evolución no solo cuestiona la apertura comercial, sino que redefine las prioridades en la electrificación sostenible.

El origen de las alertas

Polonia, donde las ventas de automóviles chinos han repuntado notablemente gracias a su atractivo en precio y autonomía eléctrica, ha dado un paso firme. Autoridades militares han impulsado una directriz que impide la entrada de estos vehículos en recintos castrenses y zonas de estacionamiento próximas, motivados por la capacidad de sus sensores para generar información valiosa. Cámaras de alta definición, radares LiDAR y módulos de geolocalización continua convierten a estos coches en plataformas de recolección masiva, con datos que viajan a servidores posiblemente accesibles desde China.

Expertos en defensa han comparado estos modelos con terminales inteligentes sobre cuatro ruedas, capaces de trazar mapas detallados de instalaciones, registrar flujos de personal y capturar imágenes de alta resolución sin que el conductor lo perciba. En contextos militares, donde cada detalle sobre rutinas y equipamiento cuenta, este potencial ha activado protocolos de contención inmediata. El Ministerio de Defensa polaco ha confirmado que la norma busca salvaguardar activos estratégicos, en sintonía con evaluaciones que destacan la obligación legal china de compartir datos con el Estado.

El Reino Unido marcó el camino

No es un movimiento aislado. En el Reino Unido, las fuerzas armadas ya aplican vetos similares desde hace meses, prohibiendo que vehículos con componentes chinos clave se acerquen a bases como RAF Wyton o centros de inteligencia. En algunos casos, se exige aparcar a distancias seguras para neutralizar el alcance de sus sistemas de percepción ambiental. La justificación radica en la arquitectura misma de estos coches: software actualizable a distancia, conectividad 5G y almacenamiento en la nube que, bajo la legislación de Pekín, prioriza la seguridad nacional sobre la privacidad del usuario.

Funcionarios británicos han enfatizado que no se trata de especulaciones, sino de riesgos inherentes a un ecosistema donde empresas como los grandes fabricantes de eléctricos deben colaborar con inteligencia estatal. Esta postura ha permeado flotas oficiales y recomendaciones para el personal, extendiendo el impacto más allá de lo estrictamente militar. Para el sector energético, que ve en la electrificación un pilar clave, estas decisiones resaltan la necesidad de equilibrar innovación con control sobre la cadena de suministro tecnológica.

La Unión Europea busca un marco común

A nivel comunitario, el Parlamento Europeo ha recibido informes que amplían estas preocupaciones al ecosistema completo de movilidad conectada. Tras las restricciones al equipamiento 5G chino por motivos de "alto riesgo", el coche inteligente emerge como el siguiente frente. Parlamentarios han instado a clasificar estos vehículos dentro de la normativa NIS2 de ciberseguridad, exigiendo auditorías independientes sobre flujos de datos, cifrado end-to-end y localización de servidores.

Los análisis presentados detallan cómo un solo vehículo puede acumular terabytes de información diaria: desde hábitos de carga en electrolineras hasta perfiles biométricos vía cámaras interiores. Si el núcleo del sistema operativo reside fuera de la UE, la trazabilidad se complica, alimentando temores de extracción no autorizada. Aunque no hay un veto generalizado, se perfilan requisitos más estrictos para homologaciones, contratos públicos y acceso a redes de carga crítica, lo que podría encarecer la oferta china o limitar su penetración en flotas energéticas y logísticas.

Pekín ha respondido con cautela, rechazando las acusaciones como infundadas y defendiendo la robustez de sus estándares de privacidad. No obstante, el precedente del 5G sugiere que la UE optará por gradualidad: certificados de conformidad, inspecciones aleatorias y cláusulas contractuales que aseguren datos intraeuropeos. Para usuarios y operadores, esto podría traducirse en actualizaciones más transparentes o modos "seguros" para entornos sensibles.