El Consejo de la Unión Europea (UE) ha adoptado formalmente la retirada de la UE del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un pacto multilateral postsoviético para proteger las inversiones en energía considerado anticuado a la luz de los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

"Existe desde hace más de treinta años y ya no está alineado con el Acuerdo de París, con los objetivos climáticos y con las urgencias", ha declarado a la prensa la ministra de Energía de Bélgica, Tinne Van der Straeten, cuyo país ostenta este semestre la presidencia del Consejo de la UE.

El Tratado de la Carta de la Energía

La adopción de la salida de ese pacto por parte de los Estados miembros llega después de que el Parlamento Europeo aprobara el pasado abril la retirada del mismo por una amplia mayoría (560 votos a favor, 43 votos en contra y 27 abstenciones).

No obstante, pese a que la UE y Euratom salen del pacto como tal, al igual que muchos de los Estados miembros a título individual, el club comunitario prevé facilitar también que los países de la UE que quieran seguir vinculados a ese marco jurídico puedan hacerlo, como Chipre o Eslovaquia, que podrán renegociarlo con el resto de miembros el próximo noviembre.

En todo caso, los países que abandonen el Tratado de la Carta de la Energía siguen obligados por los compromisos del acuerdo durante veinte años.

El Tratado de la Carta de la Energía, firmado por 53 países y en vigor desde 1998, se diseñó para ofrecer garantías adicionales a los inversores en el área de la energía tras la caída del bloque soviético, pero desde 1998 no se ha actualizado, mientras que las políticas climáticas y de inversión de la UE sí lo han hecho.

Por ello, casi tres décadas después, muchos países de la UE entienden que ha quedado anticuado en virtud de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y frenar el cambio climático; y prefieren abandonar ese pacto multilateral antes que negociar su modernización.

Varios Estados miembro han concluido ya su retirada o están en vías de hacerlo, como Eslovenia, Luxemburgo, España, Francia, Países Bajos, Alemania, Polonia, Dinamarca, Portugal, Austria o Bélgica.

Critican que el TCE protege las inversiones en infraestructuras para combustibles fósiles y que la resolución de litigios se curse a través de tribunales privados de arbitraje, que, en más de dos décadas, han dado lugar a reclamaciones de unos 40.000 millones de euros.

En mayo de 2023, por ejemplo, España, intentó sin éxito que el Tribunal Superior de Londres anulase el laudo arbitral Antin, que le obliga a pagar 120 millones de euros a unos fondos de inversión de Luxemburgo y Países Bajos perjudicados cuando en 2013 redujeron las ayudas de 2007 a la energía renovable.

Una retirada "a la belga"

La Comisión Europea, ya que representa a la UE en el acuerdo, intentó renegociar el tratado entre 2019 y 2022, pues los firmantes siguen sujetos a sus reglas hasta veinte años después de su retirada.

Pero ante la negativa de los Veintisiete, Bruselas retiró esa propuesta de modernización y formuló una nueva propuesta legal para que la UE saliera del pacto en bloque y coordinadamente, que presentó a los Estados miembros el pasado 1 de marzo.

Sin embargo, tampoco los Estados miembros respaldaron en conjunto esa iniciativa del Ejecutivo, pues algunos países -como Chipre o Eslovaquia- quieren quedarse y otros -como Hungría, Finlandia, Rumanía o b Checa- se lo plantean.

Ante esta situación, a la presidencia de Bélgica en el Consejo de la UE se le ocurrió generar "una hoja de ruta belga" de forma que propuso, primero, un texto de retirada en bloque de la UE y Euratom; y, a continuación, otro para que los países comunitarios que así lo deseen puedan optar por seguir formando parte del tratado y renegociarlo.

"La decisión de la UE de salir del Tratado sobre la Carta de la Energía envía un mensaje poderoso: para luchar contra el cambio climático debemos abandonar urgentemente los combustibles fósiles y garantizar una eliminación gradual del gas en Europa. Pero permitir que los Estados miembros sigan siendo parte del TCE es un compromiso que socavará este progreso", considera la organización ecologista "Amigos de la Tierra".