La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) ha planteado una profunda reforma del sistema de financiación de las infraestructuras eléctricas europeas con el objetivo de repartir entre los Estados miembros los costes reales derivados de las interconexiones y del comercio transfronterizo de electricidad. El organismo considera que el actual modelo no incentiva suficientemente las inversiones en redes de interés europeo y provoca que algunos países soporten el grueso de los costes mientras otros obtienen buena parte de los beneficios.
En un documento publicado el 18 de mayo, ACER advierte de que la Unión Europea necesita inversiones “significativas adicionales” en infraestructuras eléctricas para avanzar hacia un mercado eléctrico plenamente integrado, reducir los precios energéticos, reforzar la seguridad de suministro y acelerar la descarbonización. Sin embargo, detecta un desfase persistente entre las necesidades identificadas y los proyectos realmente propuestos por los operadores nacionales.
El regulador europeo sostiene que muchos proyectos estratégicos no salen adelante porque los países que albergan físicamente las infraestructuras deben asumir casi todos los costes, aunque los beneficios económicos y energéticos se extiendan por gran parte de Europa. ACER pone como ejemplo las necesidades de refuerzo de redes en Europa Central para facilitar el transporte de electricidad barata hacia el sudeste europeo, o las inversiones necesarias en Austria, Eslovaquia, Eslovenia y Hungría para beneficiar a otros mercados regionales.
El informe también menciona el caso de proyectos vinculados a grandes desarrollos eólicos marinos, como la isla energética de Bornholm, cuyos beneficios alcanzan a países vecinos y no vecinos, pero cuyos costes siguen recayendo fundamentalmente sobre los Estados anfitriones.
Opciones de reforma
Para corregir este desequilibrio, ACER plantea varias opciones de reforma que van desde ajustes graduales hasta la creación de un nuevo marco europeo común de financiación. Entre las medidas más ambiciosas figura la posibilidad de establecer un mecanismo europeo único que combine los ingresos por congestión de las redes y los costes reales de las infraestructuras utilizadas por el comercio transfronterizo de electricidad.
La propuesta más innovadora introduce el principio de “pago por uso”, similar al aplicado en carreteras o ferrocarriles europeos. Bajo este sistema, cada flujo eléctrico —ya sea nacional o internacional— contribuiría proporcionalmente a sufragar las infraestructuras que utiliza. Para ello, ACER plantea calcular qué porcentaje de cada red nacional soporta flujos transfronterizos y repercutir esos costes entre los países beneficiados por el comercio eléctrico europeo.
El organismo considera que los actuales mecanismos europeos presentan importantes limitaciones. El sistema de compensación entre operadores eléctricos, conocido como ITC, apenas cubre alrededor del 1% de los costes anuales de red y mantiene un fondo congelado en 100 millones de euros desde hace más de una década, pese al fuerte aumento de los costes energéticos y de las pérdidas eléctricas.
Lentitud y complejidad
Además, ACER alerta de que los ingresos por congestión —los beneficios obtenidos cuando existen diferencias de precios eléctricos entre países— se han disparado en los últimos años sin traducirse en un aumento equivalente de inversiones en nuevas interconexiones.
El documento también critica la lentitud y complejidad del actual sistema de reparto de costes para proyectos transfronterizos, conocido como CBCA. Según el regulador, este mecanismo nunca ha conseguido distribuir costes más allá de los países directamente anfitriones de las infraestructuras, a pesar de que los beneficios sean europeos.
ACER subraya que la reforma es necesaria para evitar que las inversiones sigan respondiendo únicamente a intereses nacionales y para garantizar que las infraestructuras eléctricas acompañen el crecimiento de las renovables y la electrificación de la economía europea. Entre los objetivos declarados figuran proporcionar incentivos financieros eficaces para construir redes de interés europeo, repartir de forma más justa los costes entre países beneficiados y reducir la incertidumbre regulatoria de las inversiones.
El organismo no se decanta por una opción concreta y reconoce que cualquier reforma tendría un impacto significativo sobre las tarifas eléctricas nacionales y sobre los sistemas de financiación de las redes. Por ello, propone realizar evaluaciones cuantitativas y pruebas de viabilidad antes de impulsar cambios legislativos definitivos.
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