La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha recomendado que el Gobierno español suspenda el cierre planeado de la central nuclear de Almaraz, autorice la prórroga de su vida útil hasta al menos el año 2040 y evalúe "la viabilidad de nuevas prórrogas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales".
El informe, que salió adelante con el apoyo de los grupos de la derecha y ultraderecha parlamentaria, reclama al Gobierno que suspenda "cualquier medida" encaminada al cierre de esta u otras centrales en España", y pide al país "que reconsidere su política de abandono de la energía nuclear", que cree impulsada por motivos ideológicos.
Se trata de las recomendaciones no vinculantes de los eurodiputados que visitaron la central nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero, una misión compuesta por los ultraconservadores polacos Bogdan Rzonca y Kosma Złotowski, el popular griego Fredis Beleris, el ultraderechista neerlandés Sebastian Kruis y el polaco Marcin Sypniewski, de extrema derecha.
Varios eurodiputados españoles acudieron además como observadores; es el caso de Elena Nevado del Campo (PP), Nacho Sánchez Amor (PSOE), Juan Carlos Girauta (Vox) y Diego Solier (independiente en los ultraconservadores europeos que inicialmente concurrió en la lista de 'Se Acabó la Fiesta').
El borrador del informe, presentado en abril, ya pedía al Gobierno que revertiera el cierre de la central nuclear de Almaraz y advertía de los riesgos demográficos y económicos de cierres industriales en las regiones europeas con menor desarrollo económico, como es el caso de Extremadura.
El futuro de Almaraz
Finalmente, una decena de enmiendas de Vox recibieron a última hora el apoyo del PP para incluir la referencia a 2040 y endurecer el tono del texto, con referencias a una "profunda preocupación por la reciente inestabilidad del sistema eléctrico y los apagones ocurridos en España" y el impacto en el sistema que podría tener el cierre planeado de Almaraz.
Los eurodiputados piden también a la Comisión Europea que evalúe si los planes de cerrar las centrales nucleares en España "son consistentes con los principios de buena gobernanza, transparencia y legislación basada en evidencia, particularmente a la luz de la ausencia de una justificación técnica, económica o social disponible públicamente".
"El Gobierno regional, en el que está Vox, ha hecho todo lo que puede hacer un Gobierno regional para mantener esa central nuclear (...). Ahora son otros gobiernos, en este caso el Gobierno de España, el que debería también tener claro que tiene que hacer su parte con los impuestos a nivel estatal", dijo el vicepresidente de Extremadura, Óscar Fernández.








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