La OCU denuncia la ausencia de responsables y de indemnizaciones casi un año después del apagón

La directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, ha denunciado que, un año después, ni el Gobierno ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han determinado quiénes fueron los responsables del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, algo que ha considerado "imprescindible" para que los consumidores puedan ser adecuadamente indemnizados.

En su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre el apagón eléctrico, Izverniceanu señaló que "todos los actores del sector han evitado asumir responsabilidades, haciendo creer a la ciudadanía que el apagón no fue culpa de nadie".

La representante de la organización considera que la ausencia de claridad ha facilitado que las compañías distribuidoras rechacen la mayoría de las reclamaciones, alegando que no son responsables del incidente, con lo que, la gran mayoría de los afectados sigue sin recibir indemnización por daños materiales, pérdida de bienes, interrupción de servicios contratados o perjuicios derivados, pese a la magnitud del suceso.

¿Responsables del apagón?

A este respecto, recordó que el RD 1955/2000 obliga a compensar automáticamente a los consumidores por interrupciones de suministro que superen los límites de calidad. Estas cantidades deben abonarse antes del próximo 31 de marzo, pero millones de hogares aún no han recibido ninguna compensación, ni información clara en la factura sobre su aplicación, añadió.

Asimismo, insistió en que estas compensaciones no sustituyen otros derechos, y que los consumidores pueden y deben reclamar por daños adicionales.

Izverniceanu afirmó que el incidente afectó a la totalidad de la población, provocando desde pérdidas económicas y daños en hogares hasta situaciones de riesgo vital y subrayó que supuso un incumplimiento directo del derecho a la garantía del suministro eléctrico, recogido en el artículo 7 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

La operación reforzada

Por otra parte, la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales apuntó que, desde el apagón, el operador del sistema mantiene reforzados los servicios de ajuste por restricciones técnicas, lo que ha incrementado el coste de la factura eléctrica, estimando un sobrecoste medio de 20,71 euros para hogares con PVPC -tarifa regulada- y de 21,16 euros en el mercado libre durante los meses posteriores al evento, asociado a estas medidas preventivas que continúan activas ante la falta de conclusiones oficiales sobre lo ocurrido.

Izverniceanu también estimó que la actuación del sector eléctrico fue "extraordinariamente negativa" y consideró que las empresas no han sido transparentes ni han asumido responsabilidades, la CNMC no ha emitido aún un informe determinante y su actuación ha sido "demasiado técnica y poco visible para el consumidor" y el Gobierno no ha impuesto sanciones, a pesar de la gravedad del suceso.

En este sentido, reiteró la necesidad de reformar el marco normativo para actualizar el sistema de compensaciones, crear mecanismos eficaces de resarcimiento, habilitar vías ágiles de resolución de conflictos y aprobar de forma urgente una Ley de Acciones Colectivas que permita a los afectados reclamar con garantías.