La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha pedido de nuevo, esta vez a la Secretaría General de Asuntos Económicos del Gabinete de Presidencia del Gobierno, que se celebren de una vez las subastas obligatorias de electricidad inframarginal.
La primera de ellas debía de haberse hecho antes de acabar 2021, según ACIE, que ha informado este lunes de la reunión que han mantenido con la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno para trasladar sus propuestas de mejora a las medidas de urgencia aprobadas por el Gobierno y para garantizar la libre competencia del mercado.
Las subastas de energía inframarginal (producida con las tecnologías más baratas, como hidráulica, nucleares y renovables de primera generación) aparecían en un real decreto-ley de septiembre de 2021 de medidas para paliar la subida de los precios de la energía, que establecía que la primera de estas subastas inframarginales se celebraría antes de acabar ese año, pero hasta la fecha no ha habido ninguna.
Las subastas para la ACIE
En esas subastas de contratos de venta de electricidad a largo plazo, los grupos dominantes (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) estarían obligados a ofertar electricidad de forma proporcional a su cuota de mercado.
Las comercializadoras independientes y los grandes consumidores podrían adquirir esa energía en las subastas inframarginales y suscribir con los grandes grupos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año.
Según ACIE, la puesta en marcha de estas subastas “supondría equilibrar la balanza en cuanto al acceso a costes de producción más bajos por parte de todos los comercializadores, no sólo las empresas verticalmente integradas”, aquellas de grandes grupos que cuentan con sus propias comercializadoras a las que venden la electricidad que generan a precios habitualmente más bajos.
ACIE también ha mostrado su inquietud por que los comercializadores dominantes usen los instrumentos de cobertura de ese mismo real decreto-ley -que establece un tope de 67 euros/megavatio hora (MWh) al renovar o firmar contratos bilaterales nuevos, si no se quiere sufrir una minoración del beneficio- para captar nuevos clientes.
La asociación de comercializadores independientes quiere que los comercializadores dominantes usen los instrumentos de cobertura sólo para la cartera de clientes existentes que tenían a la fecha en que se reguló esa normativa, pues, si el mecanismo que topa a 67 euros/MWh el precio se usa para captar nuevos clientes, “se podría poner en peligro la libre competencia de mercado”.
Las tarifas TUR
“Se ha ocasionado un grave perjuicio sobre la competencia al propiciar una situación ventajosa a las compañías verticalmente integradas, que pueden utilizar este mecanismo para ganar cuota de mercado”, afirma ACIE.
Respecto al gas, ACIE propone crear tarifas libres de gas similares a la Tarifa de Último Recurso (TUR) que puedan ser ofrecidas también por todos los comercializadores independientes.
Los comercializadores de las nuevas tarifas recibirían una subvención similar a la que perciben las Comercializadoras de Último Recurso (CUR) por los suministros de la TUR, según ACIE, que señala que con ello “se estaría equilibrando la balanza de la libre competencia en el mercado”.