España afronta ya más de 2.310 millones en deuda por los arbitrajes de renovables

La ofensiva judicial internacional contra España por los impagos derivados del recorte retroactivo a las primas de las energías renovables continúa escalando. La deuda acumulada por el Estado español ya supera los 2.310 millones de euros y los acreedores han intensificado las acciones de embargo y rastreo de activos en distintos países, después de una nueva resolución judicial en Estados Unidos que autoriza nuevas medidas de ejecución por otros 41 millones de euros.

El último revés para el Gobierno español llega desde el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. El juez federal John D. Bates autorizó el avance de nuevas actuaciones de ejecución e incautación de activos contra el Reino de España dentro del denominado Caso InfraRed, uno de los arbitrajes internacionales derivados de los recortes aplicados a las inversiones en renovables durante la pasada década. La decisión permite registrar la sentencia en otros distritos federales estadounidenses para localizar bienes susceptibles de embargo y continuar con las investigaciones financieras sobre activos españoles en territorio norteamericano.

Sobrecostes judiciales

El litigio corresponde a la reclamación impulsada por InfraRed Environmental Infrastructure, representada por Blasket Renewable Investments. El tribunal arbitral del CIADI había fijado inicialmente una indemnización de 28,2 millones de euros, aunque la suma se ha elevado hasta cerca de 41 millones debido a los intereses acumulados y las costas judiciales. Según la resolución judicial estadounidense, suspender las medidas de ejecución “pondría en peligro” las posibilidades de cobro de los acreedores, especialmente ante el elevado número de laudos pendientes contra España y el limitado volumen de activos embargables localizados en Estados Unidos.

La situación financiera derivada de estos litigios se ha agravado de forma significativa. De los más de 2.310 millones reclamados actualmente a España, alrededor de 547 millones corresponden ya a sobrecostes judiciales, financieros y operativos generados por el incumplimiento de los laudos internacionales. El número de resoluciones pendientes de pago asciende a 27, mientras continúan abiertos nuevos arbitrajes, entre ellos el de varias entidades financieras alemanas que reclaman 482 millones de euros al Estado español.

Los acreedores sostienen además que España ha agotado prácticamente todas las vías de recurso en distintos países. En Estados Unidos, las empresas afectadas aseguran haber derrotado “de forma definitiva” al Estado español ante los tribunales, quedando únicamente pendiente la petición de amparo presentada por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo norteamericano. La deuda susceptible de ejecución en suelo estadounidense asciende ya a 688 millones de euros.

La presión judicial también se extiende a otros países. El Tribunal Supremo del Reino Unido reconoció de forma definitiva a España como país deudor y abrió la puerta a nuevas actuaciones sobre bienes y activos españoles en territorio británico. Los magistrados británicos establecieron además que los intereses de demora futuros deberán calcularse a tasas del 8%. A ello se suma el fallo del Tribunal Supremo de Australia, que en agosto de 2025 dio la razón a los acreedores por un valor de 469 millones de euros. Más recientemente, el Tribunal Supremo de Singapur registró igualmente un laudo relacionado con el caso de la compañía estadounidense NextEra, por más de 300 millones.

En Europa ya se han producido medidas concretas de embargo. Los tribunales de Bélgica y Países Bajos autorizaron actuaciones contra activos del Estado español, incluyendo la congelación de 250 millones de euros en Bélgica y la incautación de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht. Los acreedores consideran que estas decisiones debilitan los argumentos esgrimidos por España para evitar el reconocimiento de determinados laudos internacionales dentro del ámbito comunitario.

Reducción de inversión extranjera

Las investigaciones patrimoniales han comenzado además a dirigirse hacia operaciones vinculadas a la participación de la selección española de fútbol en el Mundial de 2026. Según la documentación consultada, los acreedores ya han remitido notificaciones judiciales a la FIFA, la cadena hotelera Hilton, el centro de entrenamiento Baylor School y la multinacional Adidas, entre otras entidades, dentro de las labores de localización de activos y derechos económicos potencialmente embargables.

Asimismo, los acreedores sostienen que, desde 2019, la inversión extranjera en el país se habría reducido un 52% en términos reales y alertan de que la inseguridad jurídica derivada de los impagos está afectando al desarrollo de nuevos proyectos vinculados a la transición energética.

En paralelo, las empresas afectadas aseguran mantener abierta la vía de una solución negociada. El acuerdo alcanzado previamente con JGC es presentado como un posible modelo de resolución, incluyendo fórmulas como pagos aplazados o compensaciones mediante bonos verdes. Sin embargo, los acreedores advierten de que, mientras no exista un acuerdo global, continuarán ampliando las medidas judiciales y los procedimientos de embargo contra activos españoles en distintas jurisdicciones internacionales.